Enrique Bolaños podría invocar Carta Democrática de la OEA

María José Uriarte [email protected] El presidente Enrique Bolaños sugirió que podrían invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la confrontación que existe entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y que se ha agudizado después de la elección de funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y el desconocimiento de […]

María José Uriarte [email protected]

El presidente Enrique Bolaños sugirió que podrían invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la confrontación que existe entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y que se ha agudizado después de la elección de funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y el desconocimiento de los mismos de parte del Gobierno.

De acuerdo con el presidente Bolaños, solicitarán que la OEA envíe a Nicaragua una misión de carácter político, como la que estuvo en el país en octubre del año pasado, encabezada por Luigi Einaudi y Arístides Royo, para que observe que se cumpla lo establecido en la Carta Democrática.

Para ello, informarán de la situación política al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para lo cual dijo, están listos a proporcionarle lo que sea necesario.

Recordó que mucha de esa información ya está en manos de la OEA, la que fue recabada por la misión técnica que estuvo en Nicaragua semanas anteriores.

LA CARTA DICE…

El artículo 17 de la Carta Democrática establece que: “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

En los mismos términos se refiere el artículo 18. “Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.

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