Jorge Loáisiga [email protected]
Álvaro Somoza Urcuyo, hijo de Isabel Urcuyo Rodríguez viuda de Luis Somoza, defendió el derecho de su familia y los accionistas de la Cementera de usar los instrumentos jurídicos existentes en el país para demandar al Estado la devolución de la Compañía Nacional Productora de Cemento, la cual, según él, no fue confiscada por el régimen sandinista.
“No podían confiscar las acciones de los socios porque éstas estaban en manos de sus propietarios”, expresó Somoza Urcuyo en una entrevista telefónica.
Agregó que existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que señala que el decreto 3 del 20 de julio de 1979 no es aplicable a las personas jurídicas, sólo a personas naturales y en base a eso ellos han estado demandando la devolución de la empresa.
LA PRENSA verificó que entre la documentación que está en el expediente de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), referido al caso de la Cementera se encuentra una certificación de la misma Procuraduría General de la República (PGR), que señala que no existe en el archivo y tarjetas de control de confiscados el acta de confiscación de la Cementera con fecha de 1979.
La misma certificación indica que el acta 3355 del tomo VII de los archivos de la PGR fue elaborada el 14 de noviembre de 1994 y no el 20 de julio de 1979, como legalmente debió ser.
Dicha certificación fue extendida el 30 de agosto del 2002 por la entonces secretaria ejecutiva de la PGR, Diana Avendaña.
“Esa es una acta de confiscación que no existió. No existe. No es verdad, no hay. Inventaron eso (el acta de 1994) para poder girar nuevas acciones de la Cementera, que son en las que supuestamente don Chéster Noguera se está sentando en ellas”, expresó Somoza.
También dijo que su madre, Isabel Urcuyo Rodríguez, viuda de Somoza, no fue confiscada, algo que, según él, fue confirmado por la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.
Insistió en que las leyes en Nicaragua prohíben la confiscación a las sociedades anónimas, y que todos los accionistas de la Cementera tienen sus acciones originales porque nadie se las quitó y por tanto siguen siendo de ellos.
“Están usando el dinero de los accionistas desde el 22 de diciembre de 2004. Esa fue la fecha en que salió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena la devolución de la Cementera a sus accionistas. Ellos no pueden tocar ni un centavo”, expresó Somoza.
Somoza confirmó que pretenden controlar la administración de la Cementera para proteger el capital social de la empresa, al haber solicitado el nombramiento de un interventor judicial en el juicio que se desarrollaba en el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua y que ahora está en el Tribunal de Apelaciones de Managua a la espera de una sentencia.
