Agustín Jarquín Anaya
Para encontrar soluciones al problema energético es necesario insistir en las siguientes sugerencias: primero debemos todos pasar de los gestos a la gestión, ser más operativos para producir resultados. Por lo tanto, considerando que una de las dos causas de la crisis es el aumento desmedido de los precios de hidrocarburos, se debe decretar a lo inmediato el “estado de emergencia energética”, conforme faculta al Poder Ejecutivo la Ley número 277, Ley de Hidrocarburos.
En segundo lugar, realizar la compra externa y comercialización de “Combustible Genérico” o “Combustible de Bandera Blanca” —asegurando con el MEIC y el “Centro de Calidad y Metrología de la UNI” su idoneidad química— interviniendo de forma directa en la “cadena de suministro”, como faculta el Arto. 32 de la citada Ley de Hidrocarburos.
Tercero, vinculado con lo anterior, el Estado debe estructurar a la brevedad su propia entidad importadora y distribuidora de combustible, lo que es indispensable para aprovechar convenios como el “Acuerdo Energético de Caracas”. También debe activar el “Acuerdo Energético de Caracas”, el cual si lo hubiésemos operado el año pasado, hubiera dado al país un financiamiento de más de 15.6 millones de dólares al dos por ciento anual, con un año de gracia y plazo de 15 años. Por ello es apremiante que una delegación de alto nivel del Gobierno viaje a Caracas para reactivar este convenio y gestionar la ampliación de sus términos de volumen y condiciones financieras.
Otra medida podría ser adoptar como política de Estado que a los sectores de más bajos ingresos no se incrementarán las tarifas de los servicios básicos de electricidad y agua, y tampoco se aumentará el pasaje del transporte colectivo, para no agravar más la ya deteriorada calidad de vida de los más pobres.
Finalmente, convenir en utilizar el nombre genérico “ente regulador de energía”, con el fin de mejorar las condiciones de diálogo entre los Poderes Legislativo y el Ejecutivo, en el proceso de definir, consensuar y poner en vigencia las medidas inmediatas y de corto plazo para enfrentar la crisis, mientras se resuelve las discrepancias relativas a las Reformas Constitucionales.
