Jorge Loáisiga Mayorga
El abogado de la familia Somoza, Alfonso Antonio Morgan Pérez, denunció en la Fiscalía General de la República al presidente de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), Chéster Noguera, por ser el presunto autor de los delitos de estafa, hurto, usurpación de funciones, abuso de autoridad, desobediencia, asociación e instigación para delinquir y delitos contra la Constitución.
Noguera negó todos los cargos que se le imputan y refutó los señalamientos hechos por Morgan Pérez.
La denuncia fue presentada el pasado 15 de mayo en el Ministerio Público y los argumentos que la sustentan versan sobre una resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC) que ordenaba a la Cornap la devolución de la Compañía Nacional Productora de Cemento (Cementera) a la familia Somoza.
Los autores de la polémica resolución son los abogados Luis Meléndez, Julián Guerrero y Jessenia Morales, destituidos de sus cargos por el entonces Procurador General de la República, Francisco Fiallos, quien nombró como nuevo presidente de la CNRC a Orlando Flores Ponce. Este último declaró sin efecto la resolución que ordenaba la devolución.
La denuncia también versa sobre la sentencia emitida el pasado 21 de diciembre del 2004 que resuelve favorablemente un recurso de amparo presentado por el abogado de los antiguos accionistas de la Cementera, Alfonso Antonio Morgan Pérez, contra el presidente Enrique Bolaños, por haber denegado un recurso de apelación contra la CNRC, en noviembre del 2002.
Esa sentencia ordena dejar firme la resolución administrativa A-5897-02 de las diez de la mañana del 30 de septiembre del 2002, dictada por la CNRC en que admite la petición hecha por la apoderada de la Compañía Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Canal S.A.), restituyéndose al agraviado en su derecho, por ser éste el objeto del recurso de amparo.
De acuerdo con la denuncia, Noguera, presidente de la Junta Directiva de la Cementera, “ejerce un dominio ilegítimo, apoderándose de bienes que no le pertenecen incurriendo en el delito de hurto y estafa al actuar como presidente de una espuria (ilegal) junta directiva, cuyos miembros fueron electos en contraposición a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad citada”.
En su declaración ante la Fiscalía, Noguera hizo un recuento del origen de la Cementera y dijo que la misma fue fundada en 1940, que el 90 por ciento de las acciones de dicha sociedad pertenecieron hasta antes de 1979 a la familia Somoza, que la sociedad fue confiscada en julio de 1979 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el decreto 3 que ordenó la confiscación de todos los bienes de la familia Somoza y sus allegados y que el Estado ha sido el dueño de dicho bien.
Dijo que el 22 de febrero de este año, la CNRC reabrió el proceso de revisión de la resolución del caso de la Cementera para resolver el fondo del asunto. “El amparo nace motivado por una supuesta violación de orden procesal y por ello tiene que reabrirse el procedimiento administrativo”.
