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El 25 de agosto vence el período de gracia establecido por la Ley de Armas para que los poseedores de armas restringidas (de uso del Ejército, Policía y Sistema Penitenciario) las entreguen, o legalicen las que no posean portación, de lo contrario serán procesados.
También de acuerdo a la ley, la Policía permitirá la portación de morteros sólo en actividades religiosas y fiestas patronales, donde éstos sean utilizados de forma vertical.
En conferencia de prensa el Ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, y la subdirectora de la Policía Nacional, comisionada Ana Julia Guido, anunciaron que de acuerdo a la Ley 510 también fue nombrado como jefe de la Dirección de Armas el comisionado mayor Róger Ramírez Guzmán y ayer quedó instalada la comisión nacional multidisciplinaria.
Vega Pasquier recordó que la comisión tiene como funciones participar en la formulación de políticas públicas para el control de armas y en el diseño de lo que serían las campañas de divulgación y concienciación de la sociedad para el uso restringido de las mismas.
Guido recordó que a partir de ayer inició la segunda fase de la recuperación de armas restringidas, de acuerdo a la ley que entró en vigencia el 25 de febrero. A los civiles que poseen armas sin portación también los cubre este período, y en caso que no posean facturas o carta de venta pueden presentarse a las delegaciones más cercanas con dos testigos y una declaración jurada para legalizarlas.
“Los que no cumplan con esto, inmediatamente caen en la comisión de un delito y están establecidas en la ley las penas, las que son diferentes de acuerdo al delito que en ese caso se comete”, advirtió.
La ley establece de dos a seis meses de prisión para quienes poseen armas de forma ilegal; de uno a tres años de prisión para la portación y uso ilegal, y de 10 a 12 años para el tráfico ilícito.
La Policía tiene registradas cien mil armas y, según estudios centroamericanos, por cada arma legal existe un arma ilegal como mínimo.
Desde febrero que inició el plan la Policía ha recuperado unas mil armas entre restringidas y de uso civil.
Las armas en poder de empresas de vigilancia y comercializadoras también serán controladas.
