Tres policías de Chinandega son procesados por la muerte de tres personas durante el desalojo de un grupo de precaristas el pasado 23 de febrero en ese departamento.

Postergan juicio por matanza

Juez programa proceso por masacre para octubre próximo Carol Munguía yJosé Adán [email protected] Todos tendrán que esperar cinco meses: los familiares de las tres personas muertas, los heridos de bala, los policías acusados por disparar y los precaristas señalados de insurrectos, esperarán hasta el 5 de octubre para conocer si son encontrados culpables o inocentes […]

  • Juez programa proceso por masacre para octubre próximo

Carol Munguía yJosé Adán [email protected]

Todos tendrán que esperar cinco meses: los familiares de las tres personas muertas, los heridos de bala, los policías acusados por disparar y los precaristas señalados de insurrectos, esperarán hasta el 5 de octubre para conocer si son encontrados culpables o inocentes de los hechos violentos acaecidos en esta ciudad el pasado 23 de febrero.

Rosario Ibarra, Juez de Audiencia de Distrito Penal del Juzgado de Chinandega, fijó para dentro de cinco meses la fecha en que se realizará el juicio oral y público para diez personas, tres policías y siete civiles, que serán juzgados por delitos supuestamente cometidos el 23 de febrero pasado.

En esa fecha, tres personas murieron, diez resultaron heridas y siete agentes terminaron golpeados durante un violento desalojo que tropas policiales intentaron ejecutar en una finca privada que había sido invadida por precaristas del asentamiento La Florida.

Ayer, el Ministerio Público, por medio del fiscal especial Richard Lara, presentó la formal acusación contra las 10 personas. La juez Ibarra admitió la acusación, y tras escuchar largos alegatos de la defensa de los acusados, remitió el juicio para el 5 de octubre.

LOS ACUSADOS

Los acusados son, por parte de la Policía, el comisionado Domingo Navas Fúnez, el oficial Francisco Javier González Campo y la teniente Mayra Inés Altamirano; todos ellos fueron acusados por exposición de personas al peligro con resultados de lesiones para Altamirano, y muerte de tres personas para González.

Por parte de los civiles los acusados son siete personas, la mayoría jóvenes a los que la Fiscalía acusó de hurto (supuesto robo de una pistola a un policía) y atentado contra la autoridad: Francisco José Castillo (24), Walter Solórzano Martínez (24), José Martínez Delgado, Oscar Daniel González Zamora (22), Noel Aguirre Martínez (23), Julio Andrés Tejada Paniagua (27) y Félix Vanegas Guevara de 19.

El fiscal Lara en su exposición relató que hay suficientes pruebas y testigos que vieron a los acusados cometer los delitos imputados, en los hechos en que tres personas murieron por heridas de balas: Walter Arata Munguía (45 años), Walter Bismarck Estrada Ramos (19 años) y María Adilia Rivera (39 años).

La acusación señala que las tres personas fallecidas, así como dos heridos de balas más, estaban en la finca Pan Bramd, mejor conocida como La Pañoleta, el día del desalojo, y que murieron luego de recibir balazos del fusil AK que supuestamente maniobraba el oficial Francisco Javier González Campos, quien supuestamente estaba bajo la orden del comisionado Navas Fúnez.

Los abogados de todas las partes, tanto civiles como policiales, pidieron la anulación del juicio y el sobreseimiento definitivo para sus clientes, pero la juez hizo eco de los argumentos del fiscal Lara para rechazar tales pedidos, y al final sólo se le concedió una audiencia al abogado defensor de la teniente Altamirano, Juan José Sánchez, para que presente las pruebas que supuestamente demuestran la inocencia de la acusada, para el próximo 23 de mayo.

INSEGURIDAD TOTAL

Tras la muerte de tres personas durante un desalojo de tierras privadas en Chinandega, la inseguridad sobre la tenencia de la propiedad privada se ha intensificado con más tomas de tierras en la zona.

Desde el 2 de febrero,fecha en que fue invadida la finca Pan Bramd, la Policía reporta diez tomas más de tierras: tres en el área rural y siete en la urbana.

«La Policía al verse involucrada en la muerte de tres civiles, se ha visto limitada para impedir las tomas de tierras y la inseguridad entre los productores ha llevado a incrementar el peligro de más conflictos, ya que ante la ausencia policial, los productores están contratando a civiles armados y agencias de seguridad privada.

TIERRA INVADIDA

Tres meses después de que la Policía intentara desalojar la finca Pan Bramd, la misma se encuentra invadida y ahora, ya con casas rústicas y ondeantes banderas rojinegras, fue bautizada como Reparto Walter Arata. La finca contigua ya no se conoce como La Pañoleta, sino como el barrio Bello Amanecer.

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