Eduardo Montealegre habla con la prensa al salir de la Contraloría.

Montealegre declara en Contraloría

Fue llamado para aclarar la venta de Enitel Ludwin Loáisiga López El aspirante presidencial Eduardo Montealegre asistió ayer a declarar ante la Contraloría General de la República (CGR), para esclarecer la metodología de privatización del 49 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), efectuada el año pasado. Montealegre rindió declaraciones […]

  • Fue llamado para aclarar la venta de Enitel

Ludwin Loáisiga López

El aspirante presidencial Eduardo Montealegre asistió ayer a declarar ante la Contraloría General de la República (CGR), para esclarecer la metodología de privatización del 49 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), efectuada el año pasado.

Montealegre rindió declaraciones a petición de la CGR, ante auditores de esa institución, ya que fue presidente de la comisión de privatización de Enitel.

“Es parte de un proceso normal de auditorías, la principal pregunta —de los representantes de la CGR— es por qué no se vendió a través de la Bolsa de Valores, sino a través de licitación pública, pero los métodos de la Bolsa de Valores de Nicaragua son muy poco desarrollados, era una compañía muy pequeña y en licitación se pueden conseguir mejores precios —de venta—”, explicó Montealegre.

Según el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, fundamentó la privatización de Enitel en el artículo siete de la Ley de Incorporación de Particulares en la Operación y Ampliación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, lo que permitió escoger entre una licitación privada o a través de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La telefónica finalmente se vendió mediante una licitación privada, a América Móvil, filial de Teléfonos de México, por la suma de 49.6 millones de dólares, porque a criterio de Montealegre, la Bolsa de Valores de Nicaragua no tenía capacidad para manejar la transacción comercial.

Montealegre también forma parte de una auditoría que inició a raíz de una denuncia interpuesta por el diputado Bayardo Arce, en lo relativo a la ejecución del Presupuesto de la República en el año 2003.

Asimismo, fue llamado a los Juzgados para declarar en torno a una propiedad valorada en 3.1 millones de dólares.

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