- Juez Edgard Altamirano sobreseyó definitivamente a 22 personas procesadas por la quiebra del banco
Mirna Velásquez Sevilla
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Fiscalía y PGR apelan sentencia del Banic
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Juez Edgard Altamirano sobreseyó definitivamente a 22 personas procesadas por la quiebra del banco |
Mirna Velásquez Sevilla
La Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República (PGR) apelaron ayer la sentencia que el 18 de marzo pasado dictó el Juez Noveno de Distrito Penal, Edgard Altamirano, la cual favorece a 22 personas procesadas por la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
En ambos escritos de apelación, tanto la procuradora auxiliar Iris Valverde como el fiscal Roberto Rocha Zamora, escuetamente expresan que la resolución “es perjudicial para los intereses de la sociedad y de la víctima del delito, por no estar ajustada a Derecho”.
Altamirano sobreseyó definitivamente al ex viceministro de Finanzas, Byron Jerez, por el fraude al Banic, propiedad del Estado. Además libró de los cargos achacados, a Luis Emilio Midence Padilla, Ronald Martínez Sevilla (hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez), Francisco Cortés Tórrez, Francisco Cortés Reyes, Dolores Ojeda Baca, Ruth María Obando Martínez, Orlando Castro Gutiérrez, Elliot López Somarriba, Benjamín González Bustamante y otros ex funcionarios del Banic, como Jaime Bonilla y Alfonso Llanes Cardenal.
El Banic fue intervenido en agosto del 2001 por la Superintendencia de Bancos (SIB) y declarado en quiebra debido a transacciones fraudulentas, como la fuga de depósitos y préstamos a sociedades fantasmas, en los que estaban involucrados los directivos. Las pérdidas al Estado ascienden a unos 6.2 millones de dólares.
Ambas instituciones solicitaron al juez que admita el recurso de apelación y remita el caso al tribunal superior, es decir al Tribunal de Apelaciones de Managua, donde expresarán sus argumentos para refutar la sentencia de Altamirano.
Entre las pruebas que forman parte del expediente del caso Banic y que obvió la autoridad judicial, figura un informe especial de auditoría interna que refleja el hallazgo de sociedades recién constituidas y cuyos socios eran fantasmas o testaferros, que solicitaron créditos y las garantías eran propiedades indivisas o con problemas legales.
