Después del huracán Juana, que azotó el Atlántico Sur de Nicaragua en 1988, el gobierno de Daniel Ortega decretó “estado de alerta”, para impedir que los medios informaran de forma independiente sobre la tragedia, pues tenían que alinearse al discurso oficial. Ese tipo de cobertura es impensable en la actualidad, pero durante el gobierno “revolucionario” bastaba un decreto de Ortega para eliminar la libertad de información.
