Marcela Sánchezwashingtonpost.com
El embajador John Maisto, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, utilizó en una recepción a principios de mes palabras nuevas y prometedoras para los pueblos indígenas del hemisferio.
Dijo que Estados Unidos y otros gobiernos tienen la obligación “de trabajar eficazmente con poblaciones indígenas hacia la reconciliación y lazos que honren y respeten sus libertades, su autonomía y el control sobre su propio futuro”.
De este modo Maisto hacía eco y ampliaba las ideas expresadas por la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en su audiencia de confirmación a mediados de enero.
Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rice dijo que Washington tiene “por delante la tarea extremadamente importante” de asociarse con un nuevo orden en el que los indígenas en América Latina encuentren “su lugar legítimo en el sistema político y económico”.
Desafortunadamente muchos a los que Maisto pretendía dirigir su discurso no lo escucharon. La mayoría de los delegados latinoamericanos invitados a la recepción habían decidido boicotearla como protesta por la intransigencia de negociadores estadounidenses durante la quinta ronda de negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los latinoamericanos dijeron que los negociadores estadounidenses habían mostrado más interés en estancar el proceso que en escuchar las posiciones indígenas. Palabras de reconciliación de los principales diplomáticos de Washington no podían menos que sonar vacías ante dicha actitud.
Tristemente esto podría aumentar el escepticismo ya existente en la región sobre las verdaderas intenciones de Washington. Pero las prometedoras palabras de Rice y Maisto podrían potencialmente motivar entre los indígenas la impresión de que a pesar de su desilusión les irá mejor participando que abandonando sus esfuerzos.
Los asuntos indígenas rara vez caben dentro de las prioridades estadounidenses excepto en formas tangenciales y poco constructivas. En ocasiones han chocado con Washington cuando las acciones de unos pocos han llevado a tacharlos a todos de activistas en contra del capitalismo, tolerantes del narcotráfico e incluso aliados con terroristas.
La atención de Rice a asuntos indígenas es una señal de que la administración reconoce que líderes elegidos democráticamente en América Latina están enfrentando una creciente desconfianza de grupos indígenas que continúan marginados y alejados de los beneficios de la democracia. Estos grupos están reclamando cambios y Washington espera poder persuadirlos a que usen medios legales y democráticos para lograrlos.
Aucán Huilcaman es uno de los que desconfía de la nueva retórica de la administración Bush. El líder del pueblo Mapuche en Chile y ahora candidato presidencial dijo que “de un lado está el discurso del gobierno Bush y del otro la realidad”.
Huilcaman y otros líderes indígenas describen desacuerdos fundamentales entre ellos y Washington. Uno es en torno al reconocimiento de derechos colectivos por encima de derechos individuales. Para ellos, la obsesión de Washington con derechos humanos individuales choca con su énfasis tradicional en derechos colectivos. En vez de tener un título de propiedad individual sobre un lote de tierra, por ejemplo, prefieren uno colectivo.
Otro desacuerdo tiene que ver con la libre determinación. Quieren tenerla sin limitaciones que puedan significar un sometimiento a leyes nacionales del país donde residen. Para ellos esas limitaciones serían otra forma de discriminación y sometimiento.
Y otro se basa en el crucial tema de los derechos de tierra. Los grupos indígenas quieren el control sobre sus tierras incluidos los recursos en el suelo y el subsuelo. Disputas por estos derechos entre grupos indígenas e intereses empresariales nacionales e internacionales han llevado a la violencia y al derramamiento de sangre.
Obviamente hay un verdadero abismo entre estas prioridades y las de Washington. Pero éste es el momento para el acercamiento a grupos indígenas, según Chris Sabatini del National Endowment for Democracy. Hay un “riesgo enorme”, dijo, de que líderes no democráticos que prometan mayor inclusión política y oportunidad económica ganen mayor ímpetu.
Es evidente que los funcionarios de Bush no podrán satisfacer las demandas de los pueblos indígenas en su totalidad. Ofrecer un nuevo punto de entendimiento sobre sus dificultades podría al menos hacer avanzar el proceso.
Robert B. Zoellick, nominado por Rice para ocupar el segundo cargo en el Departamento de Estado, lo dijo bien durante su propia audiencia de confirmación la semana pasada, al mencionar que el sistema en América Latina se ha “manipulado básicamente en contra de los pobres” y los indígenas. Y aunque Washington no puede hacer el cambio por ellos, sí puede proveer asistencia por medio de una combinación de acuerdos comerciales, apoyo democrático, financiación de microempresas y derechos básicos de propiedad.
Esta nueva retórica todavía no ha convencido a una audiencia comprensiblemente escéptica. Le corresponde ahora a los nuevos diplomáticos al frente de la política exterior decidir si este sentimiento de solidaridad se reflejará en la práctica.
