José Adán Silva
Organizaciones involucradas en conflictos de propiedad aplaudieron ayer la creación del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, y demandaron su aplicación inmediata. Tal solicitud pública fue conocida ayer por el llamado Foro de la Propiedad, una organización que aglutina a instituciones y movimientos de reclamos sociales y gremiales que, de una u otra forma, están relacionadas con los conflictos de la propiedad.
Francisco López, presidente del Instituto Jurídico Social y miembro del mencionado Foro, dijo que ya ha transcurrido mucho tiempo desde que la Ley 512 (Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural) fue publicada en los periódicos y su posterior puesta en práctica.
“Apoyamos esta ley no por motivos políticos, sino porque vemos que en la mesa del diálogo el tema de la propiedad se ha atrasado y no se ha llegado a un consenso con el Gobierno, y éste no ha hecho más que desvirtuar la ley para derogarla”, expresó López.
También sugirió que “la ley quede como está, sin la participación del Gobierno”.
La mencionada ley fue creada por diputados sandinistas y liberales, quienes pretenden dejar fuera de la solución de conflictos de propiedad al Ejecutivo, bajo el argumento de que las entidades gubernamentales no han resuelto el problema en los últimos 15 años, cuando el derrotado gobierno sandinista legalizó la expropiación y confiscación de miles de propiedades a personas afines al gobierno de la dictadura somocista.
A juicio de López, el Gobierno debería limitarse a pagar las indemnizaciones y no entrometerse en la parte administrativa del asunto.
Según cálculos del Foro de la Propiedad, existen más de 1.8 millones de manzanas de tierras que están en conflicto, así como unas 100 mil propiedades urbanas que esperan títulos de propiedad.
