Ricardo Guerrero Nicaragua/Especial para LA PRENSA
Para lograr una efectiva canalización de fondos provenientes de la comunidad donante dirigidos a los sectores productivos del país, arrancó ayer el Consejo de la Producción.
Livio Sáenz, director de políticas del sector Agropecuario Forestal, explicó que el establecimiento del Consejo de la Producción, surgió de la necesidad de integrar a los sectores agropecuarios que se encuentran organizados para que puedan integrar y analizar propuestas de consenso.
El primer encuentro inició con la propuesta de diez puntos estratégicos entre las que sobresale el establecimiento de un banco de fomento que facilite el acceso de créditos a los pequeños productores, la creación de fondos de inversión pública destinados al mejoramiento de la infraestructura, la seguridad ciudadana en el campo y seguridad jurídica de la propiedad privada.
El objetivo de este Consejo, es establecer la concertación efectiva entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado nicaragüense para establecer planes, programas y acciones dirigidas al desarrollo rural productivo, así como las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Entre las funciones del Consejo se encuentran las de participar en la concertación de prioridades en los procesos de formulación de políticas, planes y programas de inversión privada y conocer los resultados de esas políticas. Además de elaborar, discutir y presentar al sector público (Gobierno), propuestas e iniciativas que promuevan el desarrollo del sector y la solución de problemas relativos al mismo.
Para establecer el diálogo del sector privado, sociedad civil y la comunidad internacional fueron electos Manuel Álvarez, en representación de Upanic; Álvaro Fiallos, de la UNAG y Daniel Núñez, de Conagan.
El Consejo se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente las veces que sea necesario a juicio de la Secretaría Ejecutiva o de los miembros de la junta directiva.
Las convocatorias a las sesiones las hará el Mag-For, a través de la Secretaría Ejecutiva por escrito, con una anticipación de tres días hábiles.
