Ludwin Loáisiga López
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez aseguró que el presidente Enrique Bolaños cometió un error al acudir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sin antes agotar las vías legales en las instituciones nicaragüenses.
“Al mismo tiempo que ejecuta los recursos de jurisdicción interna, —Bolaños— ejecuta los recursos de jurisdicción internacional y eso sencillamente hace inválido e inaplicable la resolución de este órgano centroamericano porque sencillamente es incompetente, porque no es el momento de ejercer su competencia, la cual se genera a partir del agotamiento de la legislación interna”, dijo Gutiérrez.
El diputado recordó que el 5 de diciembre de 1996, en la demanda por irrespeto a un fallo judicial interpuesta por Nicolás Urbina Guerrero contra el entonces Procurador General de Justicia, Carlos Hernández López, la misma CCJ resolvió que la demanda era inadmisible porque no se agotaron todos los mecanismos de solución interna.
En el considerando tres de la resolución, los magistrados plantearon: “La CCJ no es una instancia paralela a las instancias internas que administran justicia en cada Estado”.
Sin embargo, el canciller Norman Caldera refutó diciendo que esos fallos se aplican únicamente a casos entre personas naturales, pero no en diferendos de índole institucional, como es el actual caso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Nicaragua.
Caldera agregó que “el fallo de la CCJ es de carácter vinculante e ineludible cumplimiento”.
Otro argumento de los diputados nicaragüenses en contra de la resolución de la CCJ es que los magistrados que la firmaron ya finalizaron su período en la institución, lo cual resta legitimidad a la sentencia.
No obstante, Julio Saborío, director jurídico de la Cancillería y el propio canciller Caldera aseguraron que la CCJ establece que mientras no sean nombrados los nuevos miembros, se mantendrán en el cargo los mismos magistrados.
El diputado Gutiérrez aseguró que las reformas constitucionales seguirán su curso en la Asamblea Nacional porque no acatarán la resolución de la CCJ y porque la Constitución de Nicaragua en su artículo 191 establece que el Parlamento está facultado “para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma”.
“Las reformas constitucionales van porque no hay elemento jurídico que diga que las reformas no pueden ir”, sostuvo Gutiérrez.
Sin embargo, el canciller Caldera planteó que de no cumplir la decisión de la CCJ, el Parlamento estaría incumpliendo un mandato legal nacional.
“El Estado tiene que acatar y el Estado son todas las instituciones”, señaló Caldera.
Dijo que el pronunciamiento de liberales y sandinistas es un comunicado de dos personas (Daniel Ortega y Arnoldo Alemán) y reiteró que el Gobierno seguirá utilizando recursos “por las buenas” y en su momento decidirán si invocan la Carta Democrática.