- Más de 1,200 casos están pendientes de resolver en el Juzgado Regional del Adolescente
Alina Lorío L.CORRESPONSAL/OCOTAL
El Juzgado Regional del Adolescente, creado el 5 de agosto de este año, mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, tiene a su cargo más de 1,200 causas, en su mayoría acumuladas, las que fuero remitidas por el Ministerio Público de Ocotal.
María Elsa Laguna Herrera, Juez del Distrito Penal del Adolescente en Las Segovias, explicó que de las causas acumuladas, el departamento de Ocotal presenta las mayores ocurrencias de delitos, entre los que destacan faltas a las personas, daños a la propiedad, robos, hurtos y lesiones.
Señaló que además hay una gran cantidad de causas que el Ministerio Público ha remitido actualmente y donde la incidencia de adolescentes es mayor con relación a los otros departamentos que atiende el Juzgado Regional.
Consideró que una de las causas para que Ocotal tenga mayor número de causas acumulativas, es porque “la gente de Ocotal muy poco comparecía a las audiencias en Ciudad Darío y eso lo ubica (al municipio) en el primer lugar de causas acumuladas desde el año 2,000”.
La apertura del Juzgado Regional del Adolescente en Estelí, ha resuelto el problema de administración de justicia tardía contra menores de edad y adolescentes, resaltó Laguna Herrera.
Recordó que la distancia de esos departamentos del Norte del país con el municipio de Ciudad Darío —donde antes funcionaba el Juzgado del Adolescente— era una limitante, tanto para ofendidos como para procesados y, finalmente, no comparecían a las citaciones de la titular del Juzgado.
CON LIMITANTES PERO RESUELVEN
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de resolver el problema de distancia abrió esa nueva instancia en la ciudad de Estelí, donde ahora funciona con el mínimo de personal: una juez, secretaria y alguacil, que hasta medidos de diciembre tenían a su cargo más de 1,200 causas.
El Juzgado del Distrito Penal del Adolescente en Las Segovias cubre los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
La Juez Regional del Adolescente indicó que desde la apertura de esa instancia la dificultad es de recursos humanos “porque imagínense 1,200 causas con una secretaria, que tiene que llevar trámites conciliatorios, meros trámites, audiencias de juicios y atendiendo a los adolescentes que se llegan a presentar ya con medidas”, apuntó.
En ese sentido, reconoció que eso provoca que la carga de trabajo acumulado sea bastante, pero reconoció que el mayor problema es la limitante de personal para atender.
“FUERA DE NUESTRAS MANOS”
Alrededor de los resultados en la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Juez Regional del Adolescente sostuvo que la mayoría de la gente “habla muchas veces del Código por falta de conocimiento”, porque en lo personal cree que es efectivo, pero admite que en el país no hay condiciones básicas para su fiel cumplimiento.
Laguna Herrera refirió que, contrario a lo que se cree, los menores de 13 años pueden enfrentar un proceso judicial, según el Código, pero las instancias correspondientes no tienen un equipo especializado que garantice cumplimiento a las medidas dictadas por el judicial contra el adolescente que delinquen.
A juicio de la juez, las leyes se hacen por hacer y no parten de estudios pormenorizados sobre las causas y consecuencias en su aplicación, y que la crisis económica nacional e internacional es el arma de los gobiernos nacionales y municipales para justificarse ante sus escasas políticas sociales que la población reclama como un derecho.
“Desde aquí muy poco podemos hacer, porque como actores sociales tenemos muy poca incidencia, los que deciden el destino de este país son los diputados de la Asamblea Nacional, dividiéndonos los recursos con que cuenta el país y el Gobierno de Nicaragua, diciendo si o no se haga esto u lo otro”, reiteró la juez en un Foro Evaluativo sobre la Aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia impulsado por el Instituto de Promoción Humana (Inprhu) de Ocotal.
