- Esta semana decidirán creación de Superintendencia de Servicios Públicos
- También tienen amarradas la Ley de Control de Armas y Reformas a la Seguridad Social
María José Uriarte R.
La ofensiva para restarle facultades al Poder Ejecutivo continúa en la Asamblea Nacional. Los diputados tienen en agenda la aprobación de la Ley de Superintendencia de Servicios Públicos —entre otras—, la que podría ser sometida ante el plenario este martes o miércoles.
El objetivo de la Superintendencia de Servicios Públicos es que el órgano de control, supervisión y regulador de los mismos se contenga en un solo cuerpo normativo de ley, que incluya a su vez los deberes y derechos de usuarios y el régimen de protección de los mismos.
El diputado Wilfredo Navarro destacó además que antes del receso del segundo período legislativo tienen previsto dejar aprobada en lo particular la Ley de Control de Armas, las Reformas a la Seguridad Social, Ley Creadora de la Superintendencia de la Propiedad y las reformas constitucionales, en la primera legislatura.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Bajo la Superintendencia de Servicios Públicos estará el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), siendo definido como un órgano autónomo del Estado.
El dictamen de la Superintendencia de Servicios Públicos refleja que gozará de personalidad jurídica propia, cuyo patrimonio será conformado por los activos de las instancias mencionadas.
El directivo liberal señaló que por el momento se limitarán a aprobarla en su totalidad, y en enero procederán a hacer los respectivos nombramientos de los funcionarios que integren ese órgano; y aunque dijo que todavía no tienen propuestas definidas, se menciona que el diputado Víctor Guerrero podría ser electo como el Superintendente de Servicios Públicos. Pero esto, enfatizó Navarro, pasa por una negociación con el Frente Sandinista.
“La bancada tiene que reunirse, además que es una cuestión que tiene que ser discutida viendo los candidatos que va a proponer el Frente Sandinista para las intendencias; no tenemos nombres concretos ahorita”, señaló el parlamentario.
La Superintendencia de Servicios Públicos se constituirá por un consejo directivo, cuyos integrantes deberán aprobar las normativas técnicas y tarifarias de los servicios regulados por dicha Ley.
CUATRO INTENDENTES
El dictamen propone la elección de cuatro Intendentes, integrados también al consejo directivo, para lo cual el Presidente de la República o diputados presentarán listas de los candidatos que consideren idóneos para ocupar esos cargos.
El nombramiento del Superintendente y de sus subalternos, los Intendentes, se realizará con el voto del 60 por ciento de los legisladores, para un período de seis años a partir de su elección, otorgándoles el goce de inmunidad.
El consejo directivo también conocerá de recursos administrativos establecidos en las leyes pertinentes, sobre las prestaciones de los servicios públicos de agua, sector energético y telecomunicaciones.
La participación de la sociedad estará sujeta a que el consejo directivo lo requiera en lo relacionado a temas de interés nacional de cualquiera de los ámbitos regulados.
En cuanto a las resoluciones que apruebe el consejo directivo de la Superintendencia de Servicios Públicos se hará por mayoría simple, y en caso de empate, el Superintendente tendrá doble voto.
Aprobada la Ley de Superintendencia de Servicios Públicos las leyes que rigen cada una de las instituciones que pasan a ser parte de ese órgano serán derogadas.
Hay cierta desconfianza en el seno de la sociedad pues se ve la creación de la Superintendencia de los Servicios Públicos, como un intento de formalizar un parlamentarismo de hecho.
Otras iniciativas que la semana pasada salieron a flote, fueron las de ratificación de los embajadores e incluso la posible destitución de ministros de Estado, algo en lo que no parece existir consenso legislativo.
¿PARLAMENTARISMO DE HECHO?
La aprobación de leyes dirigidas a restarle facultades al Ejecutivo, es calificada por diversos sectores como la implementación de un sistema parlamentarista de hecho, lo que es desestimado por los diputados que integran la Asamblea Nacional. Por otra parte, el diputado Wilfredo Navarro descarta que sea una venganza política contra el mandatario, aunque no supo explicar cuál era el propósito de aprobar todas esas iniciativas que van mermando las potestades del Poder Ejecutivo.
Cuando se presentó el dictamen de la Ley de Control de Armas se intentó acercar posiciones con el Poder Legislativo para que se modificara lo establecido en el artículo 142, el cual establece a la Asamblea Nacional como la única instancia para aprobar la venta, compra o destrucción de armas, y a pesar de la solicitud del Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, no hubo modificaciones en ningún sentido, mucho menos ahora que el presidente Enrique Bolaños recalcó que destruirán en un cien por ciento los misiles SAM-7.
La destrucción de los misiles SAM-7 es vista como una concesión a la lucha antiterrorista que el Gobierno de Estados Unidos lleva en el mundo. El resto de países centroamericanos no ha dado la misma muestra de colaboración. Mientras tanto, los analistas advierten que se instaura un parlamentarismo de hecho en Nicaragua.
CONTRARRELOJ
Está por finalizar el actual período legislativo, sin embargo, los diputados se aprestan a aprobar un paquete importante de leyes: la Ley de Control de Armas, la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos, reformas a la Seguridad Social, entre otras. En la actualidad, el Parlamento es dominado por las fuerzas liberales y sandinistas.