Mirna Velásquez Sevilla
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, opinó —en su carácter personal— que el presidente Enrique Bolaños puede recurrir de amparo y su condición de primer mandatario de la nación no representa ningún impedimento para hacerlo.
Centeno interpretó que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y citó un artículo recogido en la Constitución referido a que hay que “despejar todos los obstáculos” que pueda tener un ciudadano.
“Mi criterio es que sí, él puede recurrir aunque tenga inmunidad porque se siente agraviado por una resolución de un tribunal. Esa es una cosa, la otra cosa es si la Sala Constitucional lo va a amparar, que eso ya es ver el fondo”, expuso la magistrada.
El miércoles pasado, el presidente introdujo un recurso de amparo en contra de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) y los diputados propietarios y suplentes.
La acción del Presidente surgió en respuesta a una resolución emitida por los contralores en la cual impusieron al Presidente una multa de dos meses de salario y pidieron su destitución, por supuestamente negarse a informar sobre el origen de los fondos que alimentaron su campaña electoral.
Siguiendo el procedimiento, el recurso debe ser tramitado por una Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, pero quien debe resolver sobre el fondo del asunto, es la Sala Constitucional de la CSJ.
RAMOS COINCIDE
En tanto, la magistrada Alba Luz Ramos, ex presidenta de la Corte, dijo que la inmunidad que goza el presidente Bolaños no es motivo para que no se tramite el recurso.
“Es un derecho que tienen todos los ciudadanos de interponer un recurso de amparo y él es un ciudadano, el hecho que sea el primero en este momento no significa que no lo pueda hacer”, afirmó.
Ramos aclaró que según la Ley de Amparo es posible que el Tribunal de Apelaciones mande a suspender el acto de destitución del presidente, pero de no hacerlo este tribunal, es posible que lo haga la Sala Constitucional de la CSJ.
Afirmó que de ser ordenada la suspensión del acto, el efecto que provocaría la resolución es que la Asamblea Nacional no podría conocer la resolución de la Contraloría.
