Mirna Velásquez Sevilla
Ángela Moody es una mujer de 53 años que habita en la comunidad de Sangni Laya, en Puerto Cabezas, en el Atlántico Norte del país. Su trabajo es muy distinto al resto: Impone las reglas de la comunidad y se cumplen.
Ángela es una facilitadora judicial rural, una de las 570 que hay en comunidades con alto índice de pobreza.
Con su acento criollo muy marcado comenta: “yo pongo mi ley pues, yo digo tal cosa, hacer esto y esto entonces la comunidad me hace caso. Yo digo tal día vamos a limpiar pueblo, tal día vamos a hacer reunión”.
“Cuando pasa algo así (un robo) yo mando a llamar a la Policía de la comunidad y mando a llamar a la gente que robó entonces cuando vienen busco el testigo que miró y (él dice) quién fue, cuándo miró, qué día, dónde y quién es, entonces yo le digo a ellos en vez de echarte preso, que hagan un castigo”, narra.
Y es que los castigos están en dependencia de las faltas cometidas. Limpiar zanjas o zonas públicas de la comunidad son las “penas” más comunes.
Según una nota de prensa emitida por la Dirección de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el trabajo de los facilitadores se han realizado 10 mil 953 mediaciones extrajudiciales, casi 35 mil personas han sido orientadas, hay seis mil 530 gestiones institucionales y 13 mil 92 casos han sido remitidos a juicio desde el nacimiento de los facilitadores propiciado por la Oganización de Estados Americano (OEA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
TRABAJO GRATUITO
José Francisco León Garzón, de 44 años, de el municipio de El Rama , explicó que sin ningún salario dedica un día a la semana para atender los casos que se presentan.
A sus dos años de ejercer su función está claro que su trabajo es facilitar la justicia a las familias más alejadas que no tienen acceso por razones económicas o de distancia e interviene en casos menores no así cuando se trata de un delito de gravedad.
PRESENCIA FEMENINA
Eulalia Orozco, candidata a Premio Nóbel de la Paz, es uno de los mejores resultados del proyecto de facilitadores judiciales. 94 mujeres y 540 hombres distribuidos en 57 municipios del país han sido capacitados para facilitar el acceso a la justicia.
