José Antonio Poveda Salvatierra*
Roman, Times, serif»>Opinión económica
Estado de derecho y economía nacional
José Antonio Poveda Salvatierra*
El derecho, para que pueda conservar su vigencia, requiere de una adecuada relación entre normas y factores sociales, económicos, culturales y políticos.
Toda sociedad genera una serie de valores sociales que vienen a conformar la estructura del grupo social y que sirven de base para la creación de un orden social. El sistema de valores de una sociedad condiciona el comportamiento de sus miembros y, de acuerdo con esta escala de valores, la sociedad determina lo que considera justo o injusto, bueno o malo.
La problemática constitucional de Nicaragua es una prueba de la desarmonía entre norma y realidad. Ante la urgente necesidad de abrir nuevos cauces para las aspiraciones y anhelos de nuestro país, las instituciones y los valores tradicionales se han revelado incapaces para tender el reclamo de un derecho constitucional hecho con la sabiduría, la experiencia y las necesidades de nuestro país.
Esta falta de adecuación ha hecho de la Constitución una normativa ideal, al cual tratan de acercarse los grupos de poder, y reformarla de acuerdo a su conveniencia política la cual miran los gobernados como un complicado mecanismo que lejos de facilitar obstruye el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo.
Debemos tomar conciencia de que el desarrollo de los pueblos no es una cuestión puramente económica. Una mayor o menor inversión, un mayor o menor rendimiento de la producción, un producto interno bruto más elevado, no son índices que permitan medir por sí solos el desarrollo. Hay factores más allá de la economía que impiden el despegue. Este cambio tiene que estar orientado ideológicamente. Es decir, debemos tener claro para qué se va a hacer el cambio y a quiénes debe beneficiar el cambio.
La Constitución escrita en Nicaragua ha sido incapaz de estabilizar las instituciones políticas. Esto nos revela que el cambio constitucional no es ni puede ser simplemente formal ni una elaboración intelectual. Todo cambio constitucional implica una opción ideológica y una voluntad de transformar las instituciones. El derecho, y en especial el derecho constitucional, está sometido al cumplimiento de dos grandes valores sociales: la justicia y la seguridad.
La permanencia inalterable de una Constitución no depende de la veneración que se le tenga y tampoco de la identificación que exista entre sus destinatarios y ella.
Esa inmutabilidad más bien está relacionada con el grado de precisión y generalidad con que está redactada, y con la confianza que inspiren las autoridades de quienes depende la aplicación misma de las normas que contiene y la solución de nuestros problemas como nación.
La gravedad de este terreno es indubitable, por medio de los cambios constitucionales se juega algo más que un interés inmediato: de su acierto o desacierto depende muchas veces la suerte de un régimen político con el efecto que ello implica para las experiencias de la respectiva comunidad.
Las razones de necesidad suelen encontrar su explicación en dos tipos de hechos: a) incertidumbre que acompaña al régimen constitucional vigente, existen dudas o pronunciamientos contradictorios de los poderes estatales que crean una alta dosis de inseguridad jurídica en torno al estatus constitucional, y b) la insuficiencia de los recursos provenientes de las técnicas de interpretación y de las experiencias constitucionales para armonizar o compatibilizar la aplicación del texto constitucional con los requerimientos de una dinámica nacida de una realidad y de los cambios sociales.
La inseguridad ciudadana es el correlato de la incapacidad gubernamental de dar solución a los problemas sociales, que se amplía cuando ocurre un crecimiento lento.
Para nuestro país significa la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la justicia para crear y fomentar confianza y mejorar el desarrollo profesional de la actuación de la Policía y el Poder Judicial de la nación.
La principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana corresponde al Estado. Cuando aparece la inseguridad y su impunidad asociada, el fantasma de la ingobernabilidad se hace presente.
El Estado y la Sociedad Civil y todas las fuerzas de la nación siguen siendo la única instancia que permite la articulación de consensos nacionales, la distribución de bienes sociales y la regulación de mercados que no responden a la realidad de los consumidores.
El desarrollo sustentable se asocia a la democratización del Estado y exige el fortalecimiento de su capacidad política, lo que significa orientar las relaciones entre los partidos políticos y los actores sociales, fortalecer la representatividad y arbitrar los conflictos que se plantean en el seno de toda sociedad.
Con un alto costo político y social hemos hecho un enorme esfuerzo interno para ajustar nuestra economía, con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, sin embargo, el sacrificio realizado ha permitido hacer frente simultáneamente al pago de servicios de la deuda e incorporarnos a la iniciativa de países pobres altamente endeudados.
* Vicedecano de Facultad de Derecho UNAN-León.
