- El miércoles vence la prórroga que les aprobó la Asamblea y alegan que la Policía no se los puede exigir
Moisés Martínez
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Buseros tratan de no pagar seguros
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El miércoles vence la prórroga que les aprobó la Asamblea y alegan que la Policía no se los puede exigir |
Moisés Martínez
Los buses y taxis no tendrán sus pólizas de seguro vehicular y por daños a terceros el 15 de septiembre próximo, fecha en que finaliza la segunda prórroga que les concedió a los transportistas la Asamblea Nacional, en marzo pasado.
La Policía de Tránsito y los diputados han expresado que ya no volverán a conceder una nueva prórroga a los transportistas, porque este gremio ha tenido un año y medio para pagar los seguros vehiculares y cumplir con lo establecido en la Ley 431 o Ley para el Régimen para Circulación Vehicular.
Sin embargo, un sector de transportistas, entre cuyos dirigentes se encuentran Rafael Quinto, de la Urecotracoo, y Vidal Almendárez, de Fenicotaxi, dijo que la Policía no puede exigirles seguros vehiculares el próximo 15 de septiembre, debido a que faltan algunos aspectos legales, dando por hecho que no van a cumplir.
Otros transportistas responsabilizaron por esta situación a las reformas que hicieron los parlamentarios a la Ley 431 el 20 de agosto, provocando que el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) –la principal empresa de este tipo en el país– decidiera no ofrecer a los transportistas la póliza de seguro vehicular.
Otro grupo señaló que el problema se originó porque la Superintendencia de Bancos (SIB) no ha elaborado el reglamento para la creación de las empresas afianzadoras del sector transporte, alternativa planteada por algunas cooperativas para no depender de las empresas aseguradoras para adquirir las pólizas.
El primero en anunciar su decisión fue el Consejo Superior del Transporte de Nicaragua (Cosutranic), que culpó a las últimas reformas hechas por los diputados, de convertir la Ley 431 en una legislación “vacía e inviable”.
Este grupo, formado por transportistas selectivos y de carga, se ha caracterizado por estar en contra de la formación de empresas afianzadoras.
REFORMAS PERJUDICIALES
Según Andrés Lara, dirigente de Cosutranic, las reformas realizadas por los diputados son completamente “anti técnicas” y van en contra del funcionamiento del mercado de seguros.
“Cometen varias barbaridades técnicas, como por ejemplo, no definen incapacidad temporal, entonces varios pasajeros en un bus me pueden alegar incapacidad temporal porque se lesionaron una uña, una oreja, una ceja, o sea, son varios vacíos que se dejaron”, alegó.
“Sin embargo, el peor error que se cometió, debido a una iniciativa del presidente Enrique Bolaños, fue la reforma al artículo 69 de la ley, que establece una tarifa a los transportistas no mayor de 65 dólares, pero deja sin un techo máximo el monto de la cobertura; la deja abierta y sin límites, lo cual prácticamente legisla contra el mercado. No es posible que vos asegurés un bus por 65 dólares sin límite de cobertura”, añadió.
Según este grupo de transportistas, ésta fue la razón por la que el Iniser decidió retirarse del mercado de los seguros vehiculares y desatendió un acuerdo independiente con la Cosutranic, para permitirles pagar los seguros a plazos.
“POLICÍA NO PUEDE ACTUAR”
Vidal Almendárez dice que las cooperativas afiliadas a Fenicotaxi prácticamente ya han acumulado el capital semilla exigido (tres millones de córdobas) para constituir las afianzadoras.
Sin embargo, el dirigente explicó que, en su caso, el incumplimiento se debe a que las reformas realizadas por los diputados no han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta, además de la falta de reglamentación de las afianzadoras por la SIB.
“Por eso la Policía tendrá que abstenerse de aplicarnos el seguro, porque sencillamente no hay dónde comprar seguros, porque las aseguradoras no quieren trabajar con nosotros, ni las afianzadoras están constituidas”, indicó.
Rafael Quinto informó que debido a sus constantes comunicaciones con la SIB, tiene información de que la reglamentación para las afianzadoras estará lista en dos semanas.
Sin embargo, insistió en que la Policía no puede aplicar el cobro del seguro, porque después de la constitución de las afianzadoras, éstas tienen 60 días para comenzar a operar, tal como indica la ley.
