- Tras condena en EE.UU. del autor material del crimen, el Arzobispado de San Salvador pide volver a abrir el juicio en casa
- El presidente Saca, de Arena, se opone rotundamente a la idea
Carlos Mario MárquezSAN SALVADOR/ AFP
El Gobierno y la Iglesia salvadoreña están enfrentados por la solicitud del Arzobispado capitalino de reabrir el juicio por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, cometido por la ultraderecha el 24 de marzo de 1980.
Las divergencias surgieron luego que el pasado viernes el ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Álvaro Saravia, de 53 años, fuera condenado en ausencia por un tribunal de Estados Unidos como responsable de la organización del asesinato del religioso.
El juez de la ciudad estadounidense de San Francisco, Oliver Wanger, ordenó al ex capitán el pago de una indemnización de diez millones de dólares por el asesinato, calificado por la justicia estadounidense como una ejecución extrajudicial constitutiva de crimen de lesa humanidad.
Saravia es considerado un consejero clave del fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, acusado de ser el líder de los escuadrones de la muerte salvadoreños y condenado como autor intelectual de la muerte de Romero. D’Aubuisson falleció de cáncer en febrero de 1992.
La condena motivó a la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador a pedir el pasado martes la reapertura del juicio, el cual fue iniciado en marzo de 1980 por el juez salvadoreño Atilio Ramírez.
Sin embargo, Ramírez renunció tras un atentado y se asiló en Costa Rica. Posteriormente, el 31 de marzo de 1993 el caso fue cerrado por el juez Luis Antonio Villeda, quien con base en una Ley de Amnistía sobreseyó a Saravia.
Tras calificar como “una vergüenza” el hecho de que presuntamente se haya hecho justicia en Estados Unidos y no en tribunales locales, la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, pidió el martes “la reapertura” del proceso para ventilar el crimen.
Hernández pidió a la Fiscalía General de la República actuar “por mandato constitucional y en cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el Estado salvadoreño” y le pidió que ejerza la acción penal “en forma debida”, en el crimen, el cual no prescribe por ser considerado de lesa humanidad.
En tanto, el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, aseguró que no está de acuerdo con una reapertura del juicio para ventilar el asesinato del Arzobispo, a pesar de que en sus años de infancia el actual gobernante fue su “monaguillo” (ayudante del sacerdote en las homilías).
“A mí los salvadoreños me eligieron para administrar el futuro, por lo tanto reabrir heridas es una situación en la que no estoy de acuerdo”, declaró Saca.
El mandatario confesó que “fui monaguillo de monseñor Romero, un Obispo brillante, un hombre de Dios, y yo fui el primero en lamentar su muerte”.
El pasado martes, la directora de Tutela Legal también pidió al Congreso derogar las disposiciones de la Ley de Amnistía, que en 1993 liberó de responsabilidades a los militares, civiles y ex guerrilleros que cometieron atrocidades durante la guerra civil (1980-1992).
“Yo creo que cada quien tiene derecho a pedir justicia, pero la Ley de Amnistía generó un nuevo ambiente, una nueva institucionalidad, yo creo que abrir las heridas del pasado no será lo más conveniente para un país que está viendo hacia el futuro. Sin embargo respeto las decisiones de cada quien y lo digo por que hay gente afectada por ese pasado”, comentó Saca.
AUTOR INTELECTUAL, FUNDADOR DE ARENA
Tras el fin de la guerra civil, la Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas en El Salvador, culpó en 1993 del asesinato de Monseñor Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), en el poder desde 1989. El presidente Saca es de este partido.
Considerado «la voz de los sin voz» por denunciar la injusticia social y la represión militar imperante, el arzobispo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 de un balazo en el corazón por un francotirador mientras oficiaba una misa en el hospital de cancerosos La Divina Providencia, en el sector noroeste de San Salvador.
