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María José Uriarte R.
El magistrado Edgard Navas, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considera conveniente para el país la implementación de un sistema parlamentarista, con el objetivo de buscar un desarrollo armónico, sin tener que ser sometido necesariamente a la voluntad de una persona, en este caso en la figura del Presidente de la República.
Recordó que es una posibilidad que se ha mantenido latente desde tiempo atrás, siendo uno de sus precursores el líder sandinista Daniel Ortega, quien en algunos discursos ha expuesto la idea de impulsar un sistema parlamentario municipalista, para que haya una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
“La tendencia que se va buscando cada día en Nicaragua es que no exista mucha concentración del poder en un solo Poder del Estado”, estimó Navas.
La inclusión del artículo 142 en la Ley de Control de Armas, Municiones y Explosivos dictaminado el pasado 30 de agosto por la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, la creación de una comisión especial para analizar si se quita al Gobierno el control del Seguro Social, y la iniciativa para estudiar reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a juicio de algunos analistas y del Gobierno, son indicios de que ya existe un “parlamentarismo de hecho”, que resta poderes al gobernante.
GUERRA ANALIZA SITUACIÓN
El ministro de Defensa, José Adán Guerra, en un análisis ‘a priori’ del artículo 142 de la Ley de Control de Armas, dijo que pretende restarle facultades constitucionales al mandatario, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, así como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, ya que la Asamblea Nacional en caso de aprobarse ese dictamen, es la que tendrá la potestad para permitir la compra, venta o destrucción de armamento del Ejército y de la Policía.
Destacó que el proyecto original hasta la semana pasada no incluía el artículo 142 estableciendo esas disposiciones, y sorpresivamente se realiza un dictamen que ni siquiera fue consultado al Ministerio de Defensa.
El jefe del Ejército de Nicaragua, general Javier Carrión, opinó ayer que la Ley de Control de Armas debe resultar del consenso armonioso de los poderes del Estado.
“El Ejecutivo siempre pidió una resolución de apoyo a la Asamblea Nacional, lo que plantea la ley no es nuevo, el Presidente como Jefe Supremo y la Asamblea Nacional, como primer Estado, tienen que armoniosamente ponerse de acuerdo en la política de defensa, y en ese sentido no vemos problema”, dijo.
Por su parte, el diputado sandinista y miembro de la Comisión de Gobernación, José Figueroa, desestimó que el artículo 142 le reste facultades al Ejecutivo, porque no se le quita ninguna función y dijo que más bien llena un vacío sobre el control de armas.
ARRINCONAN AL MANDATARIO
Para el diputado de la bancada Azul y Blanco, Miguel López, es evidente que esos acontecimientos dan la impresión de que los partidos mayoritarios no quieren dejar ningún espacio libre, para dejar “totalmente arrinconado” al presidente Bolaños.
Agregó que a los partidos mayoritarios no les basta únicamente con los tres Poderes del Estado que dominan, sino que quieren ejercer poder en todas las instituciones del país.
“Ya no es una intención oculta, ya es totalmente evidente que el propósito es llegar a un parlamentarismo de hecho”, adujo López, quien llamó a los liberales a no prestarse a ese juego.
La diputada liberal Jamileth Bonilla, negó que existan intenciones para restarle poderes al Ejecutivo.
CORTE PIDE A ASAMBLEA QUE INTERVENGA
La magistrada Ligia Molina anunció que en el seno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están preparando una solicitud de interpretación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR, en respuesta a las intenciones del Ejecutivo de investigar la actuación de jueces y magistrados.
“Nosotros ya tomamos las medidas. Uno es rechazar de manera enérgica esa decisión que tiene la Procuraduría por orientación del Presidente (…) pero por otra también vamos a mandar una solicitud para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre una interpretación auténtica de esa norma, porque no es eso lo que se quiso decir”, dijo Molina.
“Una cosa es que nosotros procuremos realmente estar dentro del marco legal y quién mejor que la Asamblea nos diga cuál es el concepto del contenido de esa norma jurídica y por otro lado, es que un funcionario se atribuya facultades”, añadió.
En tanto, el procurador Alberto Novoa insistió que se trata de recabar pruebas sobre algunas actuaciones. “Yo no me estoy elevando sobre ninguna Corte, sino que estoy haciendo la función de revisión de actuaciones”, explicó, lo cual no implicaría declarar la nulidad de algunas sentencias como entienden algunos magistrados, según dijo.
“Si la Asamblea va a interpretar a favor o en contra de determinado grupo de interés o político de la Corte o de la nación, entonces está haciendo una interpretación muy partidizada”, expuso Novoa.(LA PRENSA/ MIRNA VELÁZQUEZ)