- La controversia por las antenas de telefonía celular se reavivó. Una nueva discusión promovida por la comunidad universitaria dejó una vez más en evidencia el divorcio entre las transnacionales de la comunicación y la sociedad civil en torno a un espinoso tema en el que se debaten intereses económicos y aparentemente está en juego la salud de miles de nicaragüenses
Johnny CajinaWilder Pérez R. y Roberto Pérez
Los acalorados debates en torno a la ubicación de las antenas celulares en zonas densamente pobladas se detuvieron en los corrillos parlamentarios hace varias semanas. La ausencia de suficientes elementos técnicos y de estudios científicos calificados obligó a los diputados a poner un alto en el camino.
¿Son realmente perjudiciales para la salud las radiaciones emitidas por las grandes antenas de telefonía móvil? De momento no existe una voz científica que tenga una respuesta precisa, pues las autoridades sanitarias del país esperarán los resultados oficiales de una investigación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hará públicos hasta el 2007.
En un intento por despejar incógnitas, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) reunió en un foro abierto a todos los sectores involucrados, sin embargo, al fin de la jornada, los nubarrones que rondaban la nueva ley que regularía las instalaciones y ubicación de las antenas para la telefonía celular, se tornaron más oscuros.
El meollo del asunto está en quedar bien con moros y cristianos. Los organismos ambientalistas y de consumidores, exigen el retiro de las antenas para beneficio de los ciudadanos. La contra cara son las compañías, quienes plantean que una obligación de este tipo supondría no sólo un deterioro sustancial del servicio, sino también grandes pérdidas económicas.
Por ahora, los miembros de la comisión parlamentaria de Comunicación, Transporte, Energía y Construcción, parecen tener al frente una sartén caliente que nadie quiere coger por el mango. ¿Afectan o no las antenas a los vecinos que las rodean? Seguirá estando la pregunta por mucho tiempo en el aire.
EMPRESARIOS: “TELEFONÍA EN RIESGO”
Basados en particulares criterios técnicos y amparados en que aún no se comprueban los efectos negativos directos en la salud causados por la telefonía celular, las tres grandes trasnacionales que operan en el país mantienen un bloque casi inquebrantable.
Desinformación, miedo a lo nuevo, desconfianza a la palabra “radiación”, dificultad para entender términos técnicos y la proliferación de antenas en tan poco tiempo, son para las compañías de telefonía móvil los principales aspectos que se combinan negativamente en los debates de una nueva ley que regule el sistema de antenas.
Bellsouth de Nicaragua, Enitel Móvil y PCS Digital coinciden en que se les deje trabajar bajo las normas internacionales acostumbradas, cuyos niveles de emisión establecidos entre 1 y 0.04 miliwatts por centímetro cuadrado, no supone un riesgo para la salud, aseguran.
“Según organismos tan prestigiosos como la OMS, no existe evidencia alguna de que las antenas de telefonía celular afecten negativamente la salud, de hecho, las emisiones de las antenas de telefonía celular tienen una potencia aproximadamente mil veces menor que las de radio y televisión”, comenta al respecto Hjalmar Ayestas, director de Asuntos Regulatorios de BellSouth, una empresa que cuenta con 250 mil usuarios en Nicaragua.
Opinión similar tiene su homólogo de Enitel, Víctor García, quien incluso señala que la “OMS reconoce la normativa establecida por la Comisión Internacional para la Protección Contra las Radiaciones No Ionizantes”, basados en los límites SAR, que establece el nivel de radiación al que puede estar permanentemente expuesto el cuerpo humano de acuerdo a su peso.
MáS ANTENAS, MENOS RADIACIÓN
No obstante, existe un rechazo de los ciudadanos a esos supuestos niveles inofensivos de radiación y en el futuro, una ley podría obligar a las compañías a reubicar sus torres y antenas, prudencialmente lejos de los conglomerados poblacionales.
Tanto Enitel como las otras compañías no ocultan su preocupación por ese tema y aducen que de hecho no podría haber comunicación celular, debido a que el sistema está basado en células que conforman un rompecabezas que se rompería al quitarle una pieza.
Las empresas se oponen a una posible reubicación de las antenas, porque además de anular el servicio de telefonía celular, aseguran que sus estructuras se rigen bajo normas previamente establecidas en el país y que las pérdidas económicas serían muy altas.
Se estima que entre BellSouth y Enitel tienen alrededor de 150 antenas en todo el país, y aunque no se consiguieron los datos de PCS, recientemente la empresa calculó en medio millón de dólares el costo de mover cada una de sus antenas.
Por otro lado, García asegura que “cualquier empresa que saque su antena, en el caso que pudiera trabajar así, tendría que aumentar el nivel de radiación a niveles prohibidos. Precisamente, es por eso que mientras más antenas existen, hay menores niveles de radiación”.
Ayestas explica que, por lo tanto, las compañías dan seguimiento al principio de prevención, operando “con los límites de emisión establecidos por la FCC (Federal Communications Commision) y la NCRP (National Council on Radiation Protection an Measurement), de los Estados Unidos, realizando controles periódicos para verificar estos parámetros”.
No obstante, García se atreve a más e indica que en Nicaragua las empresas podrían incluso proponer límites adicionales a los establecidos a nivel internacional. “Porque ya lo estamos haciendo”, asevera.
LAS TORRES
Enitel mantiene que la nueva Ley tiene la debilidad de no separar el concepto de antenas y torres, lo que provoca confusión entre proteger a las personas de un colapso de infraestructura o las radiaciones electromagnéticas.
Sobre la infraestructura, García considera que la Ley no debe ser discriminatoria sólo para la telefonía celular, sino que debe incluir a toda estructura vertical, como edificios y rótulos de calle.
Respecto a las antenas, el representante de Enitel asegura que la normativa internacional indica que un cuerpo de 60 kilogramos de peso (132 libras) puede acercarse a un mínimo de un metro de la antena sin correr riesgos por la radiación, y un cuerpo de dos kilogramos (4.4 libras) puede estar a dos metros. El argumento es que en Nicaragua las antenas están a 60 metros de altura.
Ayestas, por su parte, indica que en Finlandia, “el país con mayor densidad de teléfonos celulares, hasta ahora no ha mostrado variación en la incidencia de cáncer que pueda relacionarse al incremento en el uso de teléfonos celulares”.
La clave de todo esto está en los efectos de las radiaciones ionizantes de las no ionizantes. Las primeras crean alteraciones sobre la materia, en el caso de los rayos “X”, por ejemplo. Las segundas tienen un efecto térmico.
En este sentido, BellSouth se ampara en las declaraciones que el Nobel de Física 1999, Martinus Veltam, dio a el diario español La Razón, el 3 de julio de 2002: “Hay mucho miedo a lo que no se comprende (las radiaciones electromagnéticas de los celulares) no son peligrosas en lo absoluto. Estos campos no hacen nada, son poco penetrantes, todo lo que pueden hacer es calentarnos la piel, al igual que el sol”.
LA LEY DEBE GIRAR
Para el diputado Agustín Jarquín, segundo vicepresidente de la comisión de Comunicación, Transporte, Energía y Construcción de la Asamblea Nacional, la Ley en discusión no sólo tiene que modificarse en lo que respecta a la construcción y ubicación de antenas de celulares, sino también abarcar las torres de alta tensión y aquéllas que produzcan campos electromagnéticos.
El parlamentario considera, además, que en una discusión más acertada de la Ley deberán considerarse las normas mínimas que regulan la exposición de personas a las radiaciones, tomando en cuenta que aún no existe un tema conclusivo al respecto.
Asimismo, Jarquín consideró que deberían ampliarse las definiciones de carácter estructural, tales como las normas mínimas de resguardo y retiro prudencial de las antenas en los lugares habitados.
Por ahora, la comisión está a la espera de las conclusiones oficiales del Foro de Sistemas de Antenas, una iniciativa parlamentaria retomada por la comunidad universitaria que pretendía un debate más amplio de todos los involucrados en el tema. “Sin duda las conclusiones serán de una riqueza inigualable, apropiadas y oportunas, puesto que se trata de un tema del cual ha habido ignorancia”, agrega.
“Particularmente creo que hay que promover un giro de la ley, hasta obtener una ley más amplia, completa y mejor articulada, tomando en consideración que el Gobierno (Minsa) ha modificado su posición (en el tema) en poco tiempo”, asegura Jarquín.
