- Acusación no prosperará en Fiscalía mientras el Parlamento no desafore al mandatario
Jorge Loáisiga Mayorga y Consuelo Sandoval
El ex banquero Álvaro Robelo acusó al presidente Enrique Bolaños, ante la Fiscalía General de la República, por presunto delito contra la Constitución de la República y presentó una solicitud de privar del privilegio de inmunidad al mandatario ante la Asamblea Nacional, para que Bolaños enfrente un proceso judicial.
Robelo también amenazó con acusar a otros funcionarios públicos si se niegan a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró nula la intervención del Banco Europeo Centroamericano (BECA).
La fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, explicó que no se puede abrir un proceso contra el Presidente, porque existe un obstáculo procesal que es la inmunidad de la que goza el mandatario.
Sin embargo, aseguró que sí puede orientarse a la Policía para que inicie las investigaciones de los hechos denunciados.
El artículo 251 del Código Procesal Penal (CPP) establece que cuando la acción penal dependa de un procedimiento previo de privación de inmunidad, el Ministerio Público no podrá realizar actos que impliquen una persecución penal.
Sólo hará las investigaciones necesarias para asegurar los elementos de prueba, cuya pérdida sea de temer y lo indispensable para fundamentar la petición de dicho procedimiento.
ROBELO EN DEFENSA DE MAGISTRADOS
Concluida la investigación esencial, el Ministerio Público presentará la acusación ante el juez competente y pedirá a éste solicitar la tramitación de la desaforación ante la autoridad que corresponda.
De acuerdo con la denuncia presentada por Robelo, Bolaños es autor de delito contra la Constitución Política del Estado por haber expresado a los medios de comunicación “una serie de afirmaciones groseras y arbitrarias en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de mi persona, sin fundamento legal alguno”, expresó Robelo.
El ex presidente del Movimiento Arriba Nicaragua agregó que “nos acusan de ser asaltantes de bancos, asegurando que no van a cumplir con la sentencia (que declara nulo el proceso de intervención del Banco Europeo Centroamericano) y replicando que ya no se necesita ponerse un pañuelo en la cara, llevar una arma, para asaltar un banco, porque ahora se asaltan con fallos del sistema de justicia”, se quejó Robelo.
“Él juró fidelidad a la Constitución, él no puede permitirse decir que los magistrados de la Corte y yo somos asaltantes de bancos, eso es un atentado contra la seguridad jurídica del país y un atentado contra la Constitución, porque las sentencias son de ineludible cumplimiento”, expresó al referirse de Bolaños.
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Robelo también se presentó a la Asamblea Nacional a solicitar la desaforación de Bolaños para que responda por los delitos mencionados, y aseguró que ese caso no es político y no responde a una maniobra libero-sandinista.
“Pido a la honorable Asamblea Nacional, inicie la correspondiente investigación de los hechos denunciados y una vez corroborada la existencia del hecho delictivo, proceda a la desaforación del Señor Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños Geyer, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución”, señala la petición de Robelo.
El jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, desestimó la solicitud de Robelo, alegando que no está facultado para hacerlo, sin embargo, no descartó valorarla en caso de encontrar méritos suficientes.
PODRIAN ACUMULARLE CAUSAS A BOLAÑOS
Su colega sandinista Edwin Castro, dijo que su bancada está por el respeto al período de Bolaños. Destacó que existe una comisión legislativa que analiza la acusación por delitos electorales contra Bolaños que pudiera acumularse con la solicitud presentada por Robelo.
El artículo 522 del Código Penal en Nicaragua señala que “será castigado con pena de seis meses a dos años de arresto inconmutable el que incite a la inobservancia de la Constitución del Estado o ataque el régimen republicano y democrático establecido en ella, o que favorezca directamente tales actividades”.
Según Robelo, con la actuación de Bolaños, éste ha incitado al superintendente de Bancos, Alfonso Llanes, y a otras instituciones financieras para que ignoren el valor de la seguridad jurídica que emana de la sentencia de la Corte que lo favoreció al declarar nula la intervención del BECA.