- Expertos sostienen que Nicaragua ha experimentado avances, pero señalan vacíos legales
José Adán Silva
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Debaten sobre convención contra la corrupción
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Expertos sostienen que Nicaragua ha experimentado avances, pero señalan vacíos legales |
José Adán Silva
La Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, en coordinación con la Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República y el Grupo Cívico Ética y Transparencia, realizaron ayer en este campus una cátedra donde se debatió sobre los avances en la implementación en Nicaragua, de la Convención Interamericana contra la corrupción.
La catedrática María Asunción Moreno, durante su exposición señaló que en Nicaragua se han conocido importantes avances para combatir este fenómeno, sobre todo en materia penal, a raíz de la tipificación de delitos de corrupción que antes no eran considerados como tales: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, sobornos, enriquecimiento ilícito y otros.
No obstante, señaló Moreno, “aún tenemos muchos vacíos legislativos en lo que respecta a medidas preventivas”, y asimismo faltan muchos instrumentos para combatir la corrupción, como la aprobación de la ley de acceso a la información pública, un código de ética del funcionario público, y otros.
Para Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, aunque la Convención Interamericana contra la corrupción es un instrumento magnífico y ha ayudado a Nicaragua para combatir este flagelo, aún faltan aspectos necesarios en los que hay que profundizar.
Uno de ellos, señala Courtney, es que el informe de la Convención sobre Nicaragua no menciona dos aspectos importantes para combatir la corrupción: el tema de la inmunidad que protege a funcionarios en posición de cometer actos de corrupción, y la politización del sistema judicial, donde podrían terminar los casos de corrupción.
En el acto también participó la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República, Haydée Acosta, quien expuso los mecanismos de seguimiento del actual Gobierno, para la implementación de esta convención que es un instrumento jurídico por medio del cual se trazan normas para sancionar y prevenir la corrupción en los países miembros de la Organización de Estados Americanos.
Nicaragua adoptó esta convención en 1996, y lo ratificó el 17 de marzo de 1999.
