- No se establece vínculo entre el ilícito que se atribuye a los acusados y la conducta supuestamente dolosa,
señala juez Karla García
Mirna Velásquez Sevilla
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Judicial manda mejorar acusación en caso Injude
| No se establece vínculo entre el ilícito que se atribuye a los acusados y la conducta supuestamente dolosa, señala juez Karla García |
Mirna Velásquez Sevilla
La juez Octavo de Distrito Penal de Audiencias, Karla García, admitió la acusación que el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), César Guevara, instó contra tres personas en perjuicio del Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes (Injude), pero también ordenó mejorarla por considerar que tiene algunos vacíos.
Para la juez, la acusación contra Jaime Neira, William Calderón y Denis García Fonseca reúne los requisitos penales, pero carece de algunos elementos necesarios, por lo que concedió ocho días más para que el procurador agregue nuevos elementos.
Aunque el procurador Guevara ofreció algunas pruebas documentales, periciales y testificales, la juez consideró que éstos no arrojan indicios racionales para llegar a un juicio porque no se establece el vínculo entre el ilícito que se le atribuye a los tres acusados y la conducta supuestamente dolosa.
La PGR señala a dos de los acusados de ser cooperadores necesarios y a uno como cómplice del delito de fraude.
La juez García citó nuevamente para una audiencia e impuso como medida para los acusados presentarse periódicamente en el despacho judicial, retención migratoria y les prohibió acercarse a las instalaciones del Injude.
Cabe señalar que William Calderón y Jaime Neira, acusados por la PGR, fueron presentados como testigos por la Fiscalía, una de las razones por las que el fiscal Juan Barrios pidió a la juez desestimar la acusación.
El procurador sostuvo que valorará qué consideración va a tomar sobre estas dos personas, pero adelantó que la acusación no variará porque “existen evidencias, elementos suficientes para llevarlos a juicio”.
“Al admitir la autoridad judicial la acusación, ellos quedan a partir de este momento como procesados”, explicó Guevara.
El perjuicio al Estado en este caso es de 3.5 millones de córdobas mediante operaciones financieras ocurridas desde el 2000 dentro del Injude.
La sustracción del dinero se dio por medio de Comprobantes Únicos Contables (CUC), presentados ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con firmas falsas, sin sello y sin reportarlos a la contabilidad del Injude.
Luego cambiaban los cheques, los cuales eran emitidos a favor de diversas federaciones deportivas que nunca vieron la plata, ya que se la quedaban los funcionarios, según la Procuraduría.