- Estudio de Ética y Transparencia refleja situación preocupante y propone agilizar Ley de Carrera Judicial
Luis Felipe Palacios
Un estudio realizado por el organismo cívico Ética y Transparencia demuestra que en el Tribunal de Apelaciones de Managua existe retardación de justicia, al haber un 60 por ciento de casos, llegados entre 1994 y 1997, que todavía no han sido resueltos, contra sólo un nueve por ciento de casos a los que sí se les emitieron resoluciones.
Los resultados del estudio, realizado en los meses de marzo y abril dentro del marco del proyecto de observación judicial que ejecuta Ética y Transparencia, reflejan “el bajo índice de eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones de los funcionarios del Tribunal de Apelaciones”, dijo el coordinador del estudio Elí Isaú Roque.
EL ESTUDIO
Roque explicó que el campo de acción a investigar fue delimitado a los procesos del Juzgado Primero del Distrito del Crimen de Managua, ingresados a la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, durante el período de 1994-1997.
En ese sentido, precisó que durante el desarrollo del estudio se logró constatar, a través de los libros de entrada del Tribunal de Apelaciones, que en el período de cuatro años se recepcionaron 2,595 apelaciones de sentencias procedentes de los distintos juzgados de Managua, pero sólo 168 apelaciones proceden del Juzgado Primero de Distrito del Crimen.
Agregó que el estado actual de las 168 apelaciones presentadas, de acuerdo al libro de sentencias del Tribunal de Apelaciones, es que 102 casos, un 61 por ciento, se encuentran aún sin resolución; 36 casos, un 21 por ciento, desistieron de la causa; en 15 casos, un nueve por ciento, se emitieron resoluciones; diez casos, un seis por ciento, fueron archivados; y finalmente cinco casos, un tres por ciento, no presentaron los suficientes méritos para ser tramitados.
LA PARTIDARIZACION
Según Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, los resultados reflejan claramente la retardación de justicia que existe en el Tribunal de Apelaciones de Managua, “máxime cuando se verifica que las 15 apelaciones resueltas en cuatro años tienen un intervalo de tiempo bastante significativo”.
“Las causas de este fenómeno, a juicio del equipo a cargo del estudio, tienen sus raíces en la partidarización dentro de la Corte Suprema de Justicia, así como su función ‘dual’ de administrador y juez del sistema, lo cual influye de manera indirecta en la retardación de justicia”.
Oro elemento, dijo Courtney, “es la insuficiente asignación presupuestaria, el mal manejo de ésta a lo interno del Poder Judicial, o una combinación de ambos factores”, así como los insuficientes recursos humanos y técnicos para resolver la gran cantidad de recursos de apelación que reciben los juzgados.
También indicó que el poder económico influye de manera indirecta en retardar la justicia, así como la naturaleza misma de los procesos que son extensos, lentos, extenuantes y burocráticos del sistema inquisitivo consagrado en el Código de Instrucción Criminal.
APROBAR LEY DE CARRERA JUDICIAL
Ética y Transparencia recomendó al Poder Legislativo impulsar la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, a través de la cual se permita agilizar los procesos, fomentar mejor desempeño de los judiciales y crear independencia interna del sistema judicial nicaragüense.
“La Corte Suprema de Justicia debe comisionar un estudio independiente sobre la distribución de su presupuesto, ya que parece no contar con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para dar respuesta a las exigencias del momento en el campo penal”, leyó Courtney, como otra de las recomendaciones hechas por el organismo cívico.
También proponen realizar una pronta evaluación de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Tribunal de Apelaciones, para establecer el efecto del nuevo Código sobre la retardación de justicia.
