- Violaría convenciones internacionales
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Relator ONU critica ley “antimaras” en El Salvador
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GINEBRA.- La ley contra las pandillas juveniles vigente en El Salvador es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y las autoridades deberían dejar en suspenso su aplicación, dijo el lunes un experto de las Naciones Unidas.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU examina en su actual período de sesiones los informes periódicos de varios países —entre ellos El Salvador— sobre la situación de la niñez y el nivel de cumplimiento de la referida convención.
Norberto Liwski, experto del Comité a cargo del caso de El Salvador, se pronunció ayer contra la legislación sobre pandillas y se sumó al parecer de un grupo de magistrados supremos de ese país que recientemente declaró inconstitucional una ley anterior muy similar y que fue reemplazada por la que hoy rige.
Esta última permite que menores de edad —desde los 12 años— que participan en pandillas puedan ser procesados como si fueran adultos.
Liwski sostuvo que con la llamada “Ley Antimaras” pretende equivocadamente solucionar por la vía penal un problema complejo, que tiene como caldo de cultivo la pobreza y la exclusión social en la que vive una gran parte de la población joven salvadoreña.
El análisis crítico de esta legislación tuvo eco entre los miembros del Comité, compuesto por dieciocho expertos, durante el análisis del caso de El Salvador.
Según datos recibidos por el Comité, de los 6,660 adolescentes y jóvenes detenidos en aplicación de la ley, sólo el 5 por ciento fueron procesados judicialmente, “lo que significa que una gran mayoría fueron detenciones arbitrarias”, comentó el pediatra y pedagogo argentino Liwski.
Del total de esos detenidos, sólo el 20 por ciento tenía menos de 18 años. En el 2003, el 31 por ciento de pandilleros detenidos fueron acusados de “asociación ilícita”, es decir, sin que hubiera ningún acto delictivo de por medio.
Preguntado por EFE sobre la alternativa para enfrentar el fenómeno de las pandillas juveniles, Liwski dijo que el Gobierno salvadoreño debe invertir sus prioridades y favorecer una estrategia socio-educativa por encima de las medidas penales, que “sólo deben ser secundarias”.
