Gustavo Ortega Campos
El gobierno inició la discusión del proyecto de Ley de Competencia, con la que se pretende eliminar todas las distorsiones que ocasionan las decisiones arbitrarias, y en algunos casos ilegales, entre las empresas y contra los consumidores, además de evitar prácticas que obligan a los usuarios a comprar o utilizar sólo una marca o producto determinado.
Julio César Bendaña, director general de Competencia y Transparencia de los Mercados del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), explicó que el proyecto de ley aún no es público, “esperamos que en la última semana de mayo, una vez que el ministro de Fomento la revise sea enviada al presidente de la República”.
La programación establecida indica que en la primera semana de junio se estaría discutiendo en la Asamblea Nacional, aunque Bendaña considera que su aprobación es impredecible debido a los vaivenes políticos.
Consideró que la puesta en vigencia de la ley es urgente, sobre todo por la cercanía del proceso de la unión aduanera centroamericana que se prevé inicie el 6 de mayo. “De nada sirve que haya una unión aduanera si los empresarios deciden repartirse los territorios”.
De aprobarse esta legislación, Nicaragua se convertiría en el segundo país de Centroamérica con una Ley de Competencia después de Costa Rica que la tiene vigente desde 1994.
Bendaña refirió que en base a estudios especializados sobre el tema se ha comprobado que este tipo de legislaciones mejoran en un 10 por ciento el poder adquisitivo de los consumidores en los países desarrollados.
Explicó que los beneficios esperados con esta ley es garantizar productos de buena calidad a precios bajo, la ausencia de competencia desleal, la eliminación de la fijación de precios y de los contratos de exclusividad, además de la desaparición de las barreras de acceso al mercado.
Estimó que este marco legal podría controlar la conducta de las empresas aunque dijo estar claro que a estas alturas la iniciativa tiene “formidables opositores” por las implicaciones sociales que conlleva, partiendo del hecho de que trata de beneficiar al consumidor.
Con esta ley, la instancia que la aplicará, tendría la facultad de investigar la causa de los altos precios en los productos y garantizará la existencia de múltiples opciones empresariales a fin de que cada una actúe de manera independiente para conquistar al consumidor con bienes y servicios de calidad.
Aclaró que la ley no viene a desmantelar los monopolios, sino a evitar las prácticas monopólicas e informó que están buscando el apoyo de la sociedad civil.
Lilliam Marenco, representante de la Liga de Defensa de los Consumidores de Nicaragua (Lideconic), precisó que esperan que la ley sirva para regular el mercado y no para beneficiar a las empresas.
“El texto no lo conocemos todavía, pero sí hemos tenido mucha relación con el Mific, lo que no estamos muy de acuerdo es que se introduzcan asuntos del consumidor en esta ley, eso es someter al consumidor… las empresas tienen el poder y al consumidor lo desprotegen en dependencia a lo que se defina en el mercado”.
La Ley de Competencia sería administrada por una instancia a cargo de un cuerpo colegiado electo mediante criterios establecidos. Tendría autonomía funcional, personalidad jurídica e independiente ante la influencia política.
EMPRESARIOS ANUENTES
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Alfredo Cuadra, dijo que están analizando el proyecto que calificó como importante para el desarrollo de la competitividad en este país. Según Cuadra, ya se está considerando la posibilidad de promover una Ley de Competencia a nivel regional, para homogenizarla en Centroamérica, “porque el usuario no puede estar sujeto a monopolios dañinos, y eso incluye al consumidor y al empresario”.
