- Sectores reconocen necesidad
de reformas, pero descalifican
a contraparte
Consuelo Sandoval [email protected]
Diversos actores políticos y judiciales coincidieron ayer en la necesidad de practicar profundas reformas al Sistema Judicial, mediante la aprobación de una Ley de Carrera Judicial que permita eliminar el control que ejercen los partidos políticos en ese Poder del Estado, no obstante, sus representantes están empecinados en descalificar el proyecto presentado por su contraparte.
Estas posiciones antagónicas quedaron evidenciadas ayer en el primer debate público acerca de la actual situación del sistema judicial, auspiciado y organizado por Ética y Transparencia y el Canal 2 de televisión, en cuyo evento participó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, el asesor legal de la Presidencia, el ex magistrado Fernando Zelaya, el controlar Guillermo Argüello Poessy, el jurista Sergio Cuarezma, jueces, magistrados de Apelación y jefes de redacción de varios medios de comunicación.
Ramos fustigó el anteproyecto legislativo presentado por el Poder Ejecutivo, argumentando que violenta principios constitucionales al proponer la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial confiriéndole autonomía, no obstante, reconoció que el resto del contenido es similar a la iniciativa presentada por la CSJ.
“La creación de ese Consejo es inconstitucional porque aunque diga que pertenece a la CSJ, inmediatamente le da autonomía funcional y administrativa lo cual significa que no sólo no va a estar subordinada a la CSJ, sino que la CSJ subordinado a él, es inconstitucional simplemente porque hay una estructura jurídica política establecida en la Constitución basada en la división de los Poderes y esto viene a romper el equilibro y violar el principio de igualdad porque el único Poder del Estado que vendría a ser administrado por un organismo externo”, señaló Ramos.
Argüello dijo estar de acuerdo con las reformas judiciales, pero demandó al Gobierno que promueva el consenso y no las imposiciones que promueve contra el Poder Judicial o que en caso contrario se impulse una Asamblea Constituyente.
“Don Enrique (Bolaños) quería magistrados que no estuvieran viciados de la política partidaria y en una ocasión me mencionaron y dije que no podía porque yo pertenezco a un partido, el que nombra es un cuerpo político (Asamblea Nacional) o eliminemos el sistema y hagamos una nueva Constitución que diga que los magistrados de la CSJ sólo podrán ser nombrados por intervención divina o el Espíritu Santo”, señaló Argüello.
Zelaya defendió las reformas presentadas por el mandatario y aseguró que la resistencia de jueces y magistrados a su aprobación es porque pudiesen perjudicarles con eventuales destituciones que ejecutaría el Consejo que estaría integrado por personas de alta categoría abogadil, jurídica y que van a evaluar la existencia de todos los jueces actuales.
El ex magistrado rechazó la viabilidad de una Constituyente, alegando es “una caja de Pandora que no se sabe qué puede salir de allí, salvo que vaya bien aceitadita y arreglada de previo por los caudillos”.
Justificó que ese proyecto del Ejecutivo no haya sido consultado a jueces y magistrados, porque según él, no tiene chiste hacerlo si de todas maneras se opondrán debido a que posiblemente los va a perjudicar.
