Juan José Lacayo [email protected]
Más del 90 por ciento de encuestados está de acuerdo con propuesta del Ejecutivo, aunque casi la mitad considera que es una injerencia en el Poder Judicial
Un alto porcentaje de la población nicaragüense está de acuerdo en la propuesta de reformas al Poder Judicial planteada la semana pasada por el presidente Enrique Bolaños, pero algunos consideran que la misma podría ser una injerencia en la independencia de ese Poder del Estado, de acuerdo a una encuesta nacional telefónica realizada por la firma M&R Consultores y LA PRENSA.
El 76.5 por ciento señala que las reformas contribuirán a la despartidización del Poder Judicial, un elemento que ha sido cuestionado por organizaciones empresariales, políticas y organismos de la sociedad civil.
Pero al ser consultados si la propuesta de Bolaños representa una injerencia en la independencia del Poder Judicial, los entrevistados expresaron opiniones divididas. Un 46.3 no lo considera así y otro 46.3 sí lo considera una intromisión.
El muestreo telefónico se efectuó los pasados seis y siete de febrero entre 800 personas de ambos sexos, con edades que oscilan entre los 21 y 65 años, originarias de 45 municipios de los departamentos de Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, León, Rivas y las regiones autónomas del Caribe.
De acuerdo a la encuesta, la opinión pública tiene una percepción generalizada (72 por ciento) de que “las actuaciones de los magistrados y jueces responden principalmente a intereses políticos partidarios más que al interés de impartir justicia con apego a la ley”.
Los entrevistados también están de acuerdo en que la cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es excesiva. Un 84.6 por ciento está a favor de reducir el número de magistrados y solamente el 12.8 está de acuerdo con la conformación actual. La mayoría considera que la Corte debería estar compuesta como máximo por cinco magistrados.
El 93.3 por ciento considera que los magistrados y judiciales deben ser seleccionados entre una lista de abogados capaces, que se distingan por su profesionalismo y no por su filiación política.
Por otro lado, nueve de cada diez opinan están de acuerdo con la propuesta de que los magistrados deben dedicarse “única y exclusivamente” a aplicar justicia y que sea un Consejo Nacional el que administre los recursos económicos de ese poder.
Igualmente, nueve de cada diez se muestran a favor de que los que quieran ingresar a la carrera judicial lo hagan conforme lo establecen las leyes y que eso no dependa de la voluntad de los magistrados, que actualmente mantienen especies de “feudos” en los cuales designan a sus allegados.
Un 74.8 por ciento está de acuerdo en que se debería prohibir que los funcionarios judiciales participen en reuniones, manifestaciones y cualquier otro acto social de carácter político, electoral o partidario.
EL ANTEPROYECTO DE BOLAÑOS
La semana pasada el presidente Bolaños presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley de Carrera Judicial, que plantea la creación de un Consejo Nacional que se encargará de fijar los parámetros y escoger al personal judicial con criterios de capacidad y honestidad, más que por afinidades políticas. Asimismo, se plantea la revisión del actual personal a la luz de los nuevos parámetros.
De acuerdo a la iniciativa, el Consejo se encargará de las tareas estrictamente administrativas y la Corte Suprema de Justicia se dedicará exclusivamente a la aplicación de justicia.
En el anteproyecto del Ejecutivo se revisan igualmente todos los mecanismos disciplinarios en el Poder Judicial y se prohíbe a jueces y magistrados que participen en actividades políticas partidarias, que reciban regalías de las partes en litigio, so pena de fuertes sanciones.
