- Compradores que no pudieron participar aducen que el Estado perdió más de seis millones de córdobas en esa venta; Aduanas dice que se ajustó a lo que manda la ley
Gabriel Sánchez [email protected]
Rudy Gutiérrez, subdirector de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), reconoció que el Estado de Nicaragua pudo haber obtenido más dinero en la subasta de cuatro botes de pesca industrial realizada el pasado viernes, donde se recaudó poco más de 450 mil córdobas.
Manifestó que dados los requisitos que pidieron para realizar la subasta de esos botes industriales, sólo hubo tres participantes que los llenaron y fueron quienes compraron los artículos.
“Lo que a Aduanas le interesa en cualquier tipo de subasta, es recuperar la cantidad de impuestos que se dejó de percibir cuando se intentó nacionalizar cada bote. Sabemos que se vendieron a un precio bajo, pero esa fue la valoración que hizo nuestro perito. También sabemos que el Estado pudo haber recibido más dinero, pero como se pidieron los requerimientos de ley y no benefició a otras personas, ahí es donde se inician las incomodidades”, manifestó el funcionario.
El viernes, cuatro botes de pesca industrial, cuyo precio en el mercado normalmente puede oscilar entre 100 mil y 150 mil dólares cada uno, fueron vendidos a un precio promedio de siete mil dólares cada uno, en una subasta pública hecha por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Esta situación provocó el enojo y enardecimiento de los demás compradores que no participaron en la subasta, quienes adujeron que hubo fraude en la realización de esta actividad, por lo cual amenazaron con impugnarla, ya que consideraron que se restringió su participación y, porque además, aseguran, el Estado perdió unos seis millones y medio de córdobas, debido a que el precio de compra no era ni cercano a lo que fueron vendidos.
Los botes subastados fueron vendidos al precio base, en promedio, de 105 mil córdobas, que equivalen a unos siete mil dólares, a los únicos tres participantes, representantes de las empresas Central America Fishers y Mar Azul, así como al señor León Jirón, quienes portaban una licencia de pesca, que era el documento que Aduanas exigió a quienes quisieran comprar esos botes.
Bismark Lobo, una de las personas que quería participar en la subasta, dijo que la DGA les pidió una gran cantidad de documentos para evitar que participaran y que con esto lo que se logró es que se dejaran de percibir unos 420 mil dólares, porque cada uno de los demás compradores estaba dispuesto a pagar hasta 100 mil dólares por cada nave.
«LA LEY ES LA LEY»
Según el subdirector de la DGA, los parámetros bajo los cuales fue estipulado el precio de cada nave son el año de fabricación, precio FOB, estado actual, y lo más importante es la cantidad de impuesto que el Estado dejó de percibir, cuando éstas se intentaron internar a Nicaragua.
Comentó que según normas del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca), ese tipo de subasta en la que se venden bienes especializados, necesita que sean comprados por gente que se dedica a esa actividad y que tengan sus respectivos permisos de operación vigentes.
“Entendemos que las demás personas que quisieron participar en la subasta viven de eso, pero la ley es la ley, y si ellos no tenían el permiso para operar, nosotros no podíamos dejarlos participar, porque el artículo 222 del Recauca así nos lo exige a nosotros”.
