- La pregunta es: ¿De dónde salieron los fondos?
Carlos ArrazolaACAN-EFE
RÍO HONDO, GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que entregará el poder el próximo 14 de enero, descansará en una lujosa mansión blindada y de estilo español que mandó a construir en un poblado cercano a su natal ciudad de Zacapa.
La “fortaleza de Portillo” como le han dado en llamar los vecinos de Río Hondo, a 128 kilómetros al noreste de la capital, es construida en un terreno de 66,376 metros cuadrados, ubicado en el centro de una calurosa comarca de campesinos pobres.
La construcción, según dijeron a ACAN-EFE dos albañiles que trabajan en el lugar, estará terminada “en menos de un mes” y ha sido supervisada personalmente por el gobernante de este país centroamericano.
“Esto es una pura fortaleza, está blindada porque tiene paredes dobles para que al momento de un ataque no entre ni una bala aunque sea de cohete”, explicó uno de los trabajadores que prefirió omitir su nombre, “porque todos esos que están ahí son puros orejas”.
El albañil se refiere a los cerca de diez hombres jóvenes que con armas de fuego en el cinto, protegen celosamente la propiedad de Portillo, y que según las fuentes, son miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), ahora denominado Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Presidencial.
Una cerca de concreto y alambre espigado impide el ingreso de extraños al lugar donde, con finas maderas y pisos importados, supuestamente de Europa, se edifica la impresionante residencia de tres cuerpos, dos plantas y más de diez habitaciones.
Los recursos que el presidente utilizó para construir la lujosa quinta española donde según fuentes del lugar “vendrá a descansar” tras entregar el poder al candidato que resulte electo como su sustituto el próximo 28 de diciembre, son un misterio.
La oficina del portavoz presidencial no respondió a las preguntas que ACAN-EFE hizo al respecto, y la Contraloría General de Cuentas de la Nación se negó a informar sobre la Declaración de Probidad que por ley, cada año, Portillo debe presentar con los detalles de los bienes adquiridos durante su gestión.
El precio de la mansión, según expertos, asciende a más de un millón de dólares, “por el tipo de construcción y acabados de lujo” que cuentan los albañiles han sido utilizados.
“El secreto bancario, la anacrónica Ley de Probidad que no obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones de bienes, así como las artimañas legales de que se valen los funcionarios para ocultar sus negocios, imposibilita determinar el origen de los bienes”, explicó una experta fiscal a la agencia.
TRANSFIEREN ARCHIVOS
El presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, ordenó ayer trasladar al Ejército los archivos del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), y clasificarlos como “documentos secretos” para que nadie tenga acceso a ellos. Por medio de un acuerdo gubernativo, Portillo ordenó que tanto los archivos como los bienes del EMP, sindicado de haber ordenado y ejecutado miles de asesinatos políticos durante la pasada guerra interna (1960-1996) y que fue disuelto el pasado 31 de octubre, fueran trasladados al Ministerio de la Defensa.
ASÍ COMENZÓ
En enero de 2000, cuando Portillo asumió la Presidencia de Guatemala, no tenía residencia propia ni mayores bienes materiales según publicaciones de la prensa local de entonces; y de acuerdo con el ministerio guatemalteco de Finanzas, el salario mensual del gobernante es de unos 6,250 dólares.
El terreno donde es construida la “fortaleza” le fue “regalado” al presidente, en julio del año pasado, por su amigo personal y banquero, Angelo Bruno Stragá Juárez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado de una estafa millonaria a un banco local del cual era gerente general.
Con ese antecedente y los múltiples señalamientos de corrupción que se han dado en los cuatro años que Portillo lleva al frente del Gobierno, dijo a ACAN-EFE Violeta Mazariegos, directora del proyecto de transparencia de Acción Ciudadana, “surgen muchas suspicacias”.
“No se puede decir que el presidente ha utilizado recursos del Estado para enriquecerse, porque no hay evidencias que lo demuestren, debido a que el sistema jurídico del país no lo permite”, lamentó Mazariegos.
Es imposible, añadió Mazariegos, que un funcionario público pueda adquirir bienes que superen en mucho los ingresos que obtiene como empleado del Estado.
