- Las protestas del seis por ciento se registran casi anualmente por la falta de una fórmula real que permita determinar sobre la base de qué monto se calcula la asignación presupuestaria para las universidades públicas, ante ello los diputados plantean definir una metodología para calcularlo
Gabriel Sánchez Campbell [email protected]
La piedra en el zapato para la asignación del seis por ciento para las universidades radica en una sola cosa: la falta de una fórmula matemática específica para hacer los cálculos de asignación para esta partida, que está dentro del Presupuesto General de la República.
Por eso es que ahora, los diputados de diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, están proponiendo reinterpretar o modificar la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, para tener una base de calculo para el seis por ciento del Presupuesto. Sin embargo lejos de poner un punto final a estas controversias que siempre toman un matiz político, las acciones concretas se siguen postergando para después.
Antes de entrar a analizar las dos formas en que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), por un lado, y el gobierno por el otro, para estimar la partida presupuestaria del seis por ciento, hay que dejar claro que quien aprobó asignar esta partida presupuestaria para las universidades en el país, fue el gobierno sandinista.
Como en la aprobación de esa ley su lectura se prestaba a confusiones en su interpretación, en 1992 se decidió realizar una interpretación en la que se dijo que el cálculo del seis por ciento debería hacerse en base a los ingresos ordinarios y extraordinarios del Presupuesto. Es decir, en base a todo lo que se recauda y entra a las arcas del Estado (incluyendo donaciones y préstamos).
Sin embargo los gobiernos que transitaron esta situación decían en su momento que no era posible que se calculara el seis por ciento de los fondos destinados para pagar la deuda externa y la interna, así como la plata destinada a proyectos específicos como la construcción del puente de Tipitapa, después del huracán Mitch (1998), por mencionar algunos ejemplos, ya que ese dinero en su mayoría era aportado por la comunidad internacional para cosas determinadas.
Producto de las protestas que realizaron los estudiantes y dejaron como resultado la muerte de un universitario en las instalaciones del Banco Central de Nicaragua, en 1999 el gobierno de Arnoldo Alemán, decidió llegar a un acuerdo político con los dirigentes estudiantiles y los representantes de las universidades, ya que ambos bandos diferían de la forma de hacer los cálculos sobre el seis por ciento.
SÓLO LO DEL PAÍS
El acuerdo que dio fin a las protestas de ese entonces, calculaba el presupuesto de los siguientes tres años, basándose en los ingresos que el país generaría en concepto de impuestos. Es decir, que no se incluirían en la base de cálculo, las donaciones que vinieran de la comunidad internacional ni el pago de la deuda externa. A cambio siempre se daría una cantidad adicional razonable.
Las cosas continuaron calmas hasta este año cuando el gobierno obvió los acuerdos que se habían logrado hacía cuatro años, para hacer los cálculos para asignar el seis por ciento del presupuesto para las universidades.
Fidel Moreno, ex dirigente estudiantil y actual diputado sandinista, dice que las universidades nunca renunciaron a la forma de cálculo, pero por la situación del país llevó a una salida en 1999 y por eso en los siguientes años no hubo problema. En el 2002 se extendió el acuerdo, pero éstos volvieron este año porque el gobierno está retrocediendo a su posición inicial.
UNIVERSIDADES INCLUYEN DÉFICIT
Los estudiantes para calcular su asignación presupuestaria toman el monto total de ingresos de un año, más los fondos programados para financiar el déficit fiscal, que surge al contar con más gastos que ingresos.
Por ejemplo para el próximo año se ha proyectado un nivel de ingresos de 10,796.3 millones de córdobas y una necesidad para financiar el déficit de 4,879.8 millones de córdobas, lo que totaliza 15,676 millones de córdobas que contablemente equivale al nivel total de gastos.
El seis por ciento sobre esa cantidad (C$15,676 millones) resulta en 940.5 millones de córdobas, que es justamente lo que las universidades piden.
Para el gobierno en cambio el monto a presupuestarles a las universidades se realiza tomando el total de gastos del país que es de 15,676 millones de córdobas, a lo que restan el pago de intereses de la deuda externa e interna, que para el próximo año se han proyectado casi en 3,000 millones de córdobas.
Sobre el resultado de esta operación matemática (C$12,676 millones) calculan el seis por ciento y le agregan una suma (para el pago de servicios básicos) que da un monto que aumenta año con año.
Carlos Noguera, diputado liberal, expresa que el problema está en la interpretación constitucional del seis por ciento.
“Las universidades sostienen que es sobre los ingresos totales de la República. Yo, en lo personal, considero que lo correcto y justo es que se haga sobre los ingresos ordinarios del Estado, que no incluyan ni préstamos ni donaciones internacionales porque estas últimas cosas por lo general es dinero que viene destinado a cosas específicas que no se pueden distraer para otras cosas”.
Para este año se está tratando de buscar un cierto equilibrio y la respuesta sería hacer un análisis interno para determinar cómo es que realmente se dejará el presupuesto. “Eso se puede incluir en la Ley de Educación que está a punto de aprobarse”.
TODOS LOS INGRESOS
Según Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), para hacer el cálculo del seis por ciento ellos lo hacen tomando en cuenta todos los ingresos que tiene el Estado de Nicaragua. Es decir, todo lo que se recauda en cuestiones de impuestos, ganancias de las empresas estatales y las donaciones y cooperación que da la comunidad internacional. “Es decir, todo el Presupuesto”.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, reitera que el gobierno para asignar el seis por ciento toma como base los ingresos totales del país. A esa cantidad le restan lo que se paga en intereses y amortizaciones de deuda externa y a lo que sobra se le sigue restando lo que se les paga de agua, de luz y teléfono. Luego se calcula la asignación.
Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista, sostiene que de la forma como está planteado en la Constitución y en la interpretación hay suficientes piezas de información para calcular correctamente el seis por ciento.
Por ello, Gutiérrez considera que iniciar una discusión sobre la forma como se debe calcular el seis por ciento sería peligroso, porque atentaría contra la estabilidad de lo que constitucionalmente corresponde asignar a las universidades.
Delia Arellano, diputada de Camino Cristiano, dice que ya es tiempo de ponerle un punto final a estos problemas, “por lo que la única solución es buscar cómo hacer los cálculos para que el problema se termine. Esto requiere sí que si se va a interpretar la ley o hacer cualquier modificación, sea para que el país salga ganando y no que los intereses políticos sigan causando caos”.
BECAR A LOS BUENOS
Noel Ramírez, diputado liberal, ha sostenido siempre que independientemente de la cantidad que se asigne a las universidades, lo ideal sería establecer fondos de becas para que la plata que el gobierno desembolsa sea para quienes realmente lo necesiten.
En primer lugar considera, este fondo de becas deberá estar disponible para la gente de escasos recursos y que son muy buenos estudiantes. Esto ayudaría a que el gobierno no invierta dinero en universitarios que no merecen se dé plata para estudiar ya que su rendimiento es deficiente.
“La educación es una prioridad numero uno en Nicaragua y cualquier cantidad de dinero que se destine para ese fin es la mejor inversión social que se puede hacer, pero es importante hacer una revisión integral del manejo del seis por ciento”.
LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY
A sólo 20 días de que el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro asumiera la Presidencia de la República, los sandinistas aprobaron la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, por lo que nunca tuvieron que enfrentar los conflictos de la asignación presupuestaria referida al seis por ciento para las universidades.
La ley aprobada indicaba, entre otras cosas, que se tenía que asignar el seis por ciento de acuerdo a los aportes ordinarios y extraordinarios que el Estado recibiera, sin embargo en ningún momento aclaraban que las donaciones para proyectos específicos que vinieran de la comunidad internacional, entre otros ingresos extraordinarios, estaban exentas de esta disposición.
Por eso es que para aclarar las confusiones que se generaban, dos años más tarde el plenario de la nueva Asamblea Nacional se dio a la tarea de interpretar el artículo en la Ley de Autonomía que no especificaba cuál sería la forma en que se debía calcular el seis por ciento.
Así el 19 de agosto de 1992 los parlamentarios decidieron determinar que el seis por ciento asignado para las universidades debía provenir de los ingresos ordinarios como impuestos que provengan del país y los ingresos extraordinarios, como donaciones y proyectos específicos que consiga el gobierno, aunque provengan de la cooperación internacional.
Pero nuevamente ni fuerza política alguna, ni reglamentación adicional, fue capaz de especificar la forma cómo se harían los cálculos para determinar el seis por ciento para las universidades.
¿NICHO POLÍTICO O REALIDAD OBJETIVA?
El diputado liberal Carlos Noguera sostuvo que la definición del cálculo del seis por ciento pueda que no se toque, porque políticamente a los partidos se les puede convertir en un aspecto crítico a tocar, ya que quien promueva esto se le puede acusar de ser oscurantista y se vuelve más un nicho político que una realidad específica financiera, real, del país.
