- Reducción de sueldos resultó un “préstamo”, pero diputados no han acordado incluir el reembolso en presupuesto del 2004
María José Uriarte R. [email protected]
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Magistrados quieren cobrar recorte salarial
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Reducción de sueldos resultó un “préstamo”, pero diputados no han acordado incluir el reembolso en presupuesto del 2004 |
María José Uriarte R.
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El anuncio de reducción salarial que anunció el magistrado Silvio Américo Calderón hace semanas, no era más que un “favor” de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a esa institución, a la que prestaron el 50 por ciento de su salario, para paliar de forma momentánea el déficit presupuestario de ese Poder del Estado.
Sin embargo, este cálculo no parece figurar en los planes de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, ya que ninguno de sus integrantes dice conocer que exista alguna petición para que el “préstamo” sea reconocido.
El diputado sandinista y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Bayardo Arce, dijo que hasta donde él conoce no existe algún acuerdo para aprobar de manera total la solicitud del Poder Electoral de 150 millones de córdobas, y que ni siquiera ha llegado el proyecto del Presupuesto General de la República del 2004.
Expresó que técnicamente es posible que los magistrados hayan implementado esa medida de “prestarle” a la institución, pero no está claro cómo pretenden cobrar el dinero.
Francisco Quiñónez, secretario general del Poder Electoral, confirmó que asumieron un “compromiso” de que los funcionarios efectuarían un préstamo a la institución, como trabajadores del CSE y que se les devolvería ese monto en febrero o marzo. Él no cree que se afecte el presupuesto del próximo año al reintegrárseles el “préstamo”.
“Eso está presupuestado, es decir, está programado para el próximo año; es posible que sea por ahí en los 150 millones que se están solicitando”.
El diputado de la bancada liberal Enrique Quiñónez, aseguró que, cuando llegue el presupuesto, va a pedir que se analice para ver dónde está reflejado el pago de los “préstamos” y desestimó que los miembros de la comisión económica vayan a apoyar un planteamiento de ese tipo.
Criticó la actitud de los magistrados, porque no “es cuestión de decir redúzcanme y en el presupuesto del próximo año me lo pagan, si yo voluntariamente lo hago, es en beneficio de la institución”.
Quiñónez propuso que ese dinero, en vez de reembolsarlo a los magistrados, sea orientado a los trabajadores de menor ingreso del CSE, y si la queja de los magistrados es porque ganan bajos salarios que se vayan a la empresa privada, porque no es por megasalarios que se sirve al pueblo.
Es del criterio que se deben igualar los salarios de todos los funcionarios del Estado, con el de los diputados.
El diputado Arce lamentó que la medida, que en un primer momento aplaudió y calificó de ejemplar, sea una simple operación mercantil reducida a un préstamo.
NO HAY AHORRO
El Estado tendría que reembolsarle a los magistrados el próximo año, a través de la asignación presupuestaria, más de 1.2 millones de córdobas por el préstamo de los tres meses, debido a la decisión de reducirse el salario de cuatro magistrados propietarios en un 50 por ciento, de dos magistrados propietarios en un 30 por ciento y de los tres magistrados suplentes también en un 30 por ciento, sin tomar en cuenta el reembolso de los directores y otros funcionarios afectados por la medida.
Es decir, que al final, el Estado no tendría ningún ahorro. El salario de los magistrados propietarios es de 125,550 córdobas y el de los suplentes es de 99 mil córdobas mensuales. El magistrado Jorge Incer Barquero defendió esa cantidad aduciendo que están por debajo de lo que gana un ministro de clase “B”.
UNA MANIOBRA
Elmer Tórrez, dirigente de la Federación de trabajadores del CSE (Fetracse), indicó que los magistrados en ningún momento tenían la intención de sentar un precedente, ya que no están dispuestos a renunciar a sus salarios, cuando en octubre del 2002 aprobaron un incremento en más del 100 por ciento.
“Ellos no se están reduciendo su salario porque quieran reducírselo, es decir, hay unos que se lo redujeron en un 50 por ciento, otros el 30 por ciento y otros que ni por cerca aceptaron que se les tocara su salario, sin embargo éste será reintegrado el próximo año del nuevo presupuesto para los magistrados”, aseveró Tórrez.
Sobre las acusaciones del magistrado Mauricio Montealegre contra el vicepresidente de ese Poder del Estado, Emmet Lang, de contratar funcionarios cuando se enfrentaba una crisis en julio de este año, devengando salarios de 30 mil córdobas, el dirigente sindical Tórrez indicó que es una situación política de los magistrados.
“En estas contrataciones ellos mismos se pusieron de acuerdo, lo que sí nosotros estamos en contra de que producto de esa situación se esté afectando directamente a los trabajadores, son estos cargos creados o plazas que fueron ocupadas fue con el beneplácito tanto de los magistrados del Frente Sandinista como los magistrados del PLC”, reiteró el dirigente sindical.
Los magistrados reciben además de su salario, 300 galones de combustible y 500 minutos de tiempo para los celulares que tienen asignados.
