- Procuraduría pide que multen con un millón de córdobas a extranjero que construye su casa en uno de los cayos de Laguna de Perlas, donde
desovan las tortugas carey
José Adán Silva [email protected]
La Procuraduría del Medio Ambiente demandó por la vía civil a una persona extranjera que estaba –según la denuncia radicada en un Juzgado de Bluefields– destruyendo un cayo ubicado en Laguna de Perlas, donde tradicionalmente desovan las tortugas carey, una especie marina en peligro de extinción.
Según la demanda interpuesta en el Juzgado Civil de Bluefields, por el Procurador para la Defensa del Medio Ambiente, Lisandro de León Mairena, el ciudadano Martin Christian Thomas construye una residencia en el cayo Wild Cane Cay, en el municipio Laguna de Perlas, lo cual estaría destruyendo el ecosistema de la isla.
El caso fue descubierto el día 26 de mayo de este año, cuando una misión del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur, realizó una inspección de rutina al cayo Wild Cane Cay.
En esa inspección, los funcionarios del Marena encontraron, entre otras cosas: una casa en proceso de construcción con un área de aproximadamente 780 metros cuadrados, la que incluye una piscina de concreto, en proceso de construcción.
Según el informe del Marena a la Procuraduría del Medio Ambiente, la construcción es de madera sobre pilotes de concreto, piso de madera, con corredores, puertas, ventanales de madera y vidrio, con sus respectivas divisiones internas, estructurada para ser habitada por varias personas.
CONTRA LA LEY
De acuerdo con la Procuraduría del Medio Ambiente, la construcción de esa casa en ese cayo, constituye una violación a la Constitución Política, específicamente al artículo 102, el cual dice que “los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponde al Estado”.
La Procuraduría señala que este artículo, más otras disposiciones contenidas en la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen que “todo recurso natural es patrimonio del Estado y que como tal, los particulares no pueden disponer si no es con autorización del Estado, quien sí puede permitir el uso de los mismos de manera racional y ecológicamente sostenible. Hacer lo contrario es contradecir la Constitución y violentar la ley y demás normas y procedimientos”.
“Por consiguiente, y por expreso imperio de la ley, el cayo conocido como Wild Cane Cay y todos sus recursos naturales y biodiversidad, son de dominio exclusivo del Estado, quien está en la obligación y deber de defender y conservar, y principalmente, cuando éste haya sido afectado y dañado por el accionar humano en su ecología”, dice parte de la demanda.
DAÑOS IRREPARABLES
Con base a las leyes del Marena, de la Procuraduría y otras, el procurador ambiental De León Mairena entabló la demanda civil contra Martin Christian Thomas, a quien pidió provisionalmente la suspensión de la obra y la demolición o destrucción de lo que en adelante se hiciere en el cayo.
Según la acusación, las construcciones en el referido cayo “están provocando daños irreparables e inminentes al ecosistema mismo y a la tortuga carey, protegida mundialmente, la que anida y eclosiona en esta isla”. La demanda, según el procurador ambiental, va acompañada de solicitud de multa de un millón de córdobas.
Mientras tanto, el Marena está investigando cómo y quién le permitió a Thomas la construcción en dicho cayo. En los próximos días el demandado, acompañado de sus abogados, tendrá que presentarse a responder ante el Juzgado, por la demanda.
SON DEL ESTADO
La Procuraduría argumenta que, por expreso imperio de la ley, el islote Wild Cane Cay y todos sus recursos naturales y biodiversidad son de dominio exclusivo del Estado, el que tiene la obligación de defenderlos y preservarlos de los daños que puedan causarles los seres humanos.
