Mario Torres Lezama
La sociedad actual tiene más intereses en los temas ambientales que antes. Estas cuestiones han rebasado también las fronteras y se han convertido en temas globales. Estos intereses ambientales de carácter internacional son motivos de controversias políticas que ocupan posiciones de prioridad en la agenda de los países y de las entidades de financiamiento y de cooperación. El stress ambiental y las repercusiones de ciertos procesos de deterioro ambiental, son la fuente de estos debates.
Pero también y de manera mayor trascendencia, las consideraciones económicas sobre el libre comercio han agudizado los temas ambientales con prácticas originadas en los subsidios, a través de controles ambientales, la finiquidad de los recursos, el agotamiento de recursos exóticos por mencionar algunas, que tensan las relaciones internacionales en nuestros tiempos.
La relación entre comercio y medio ambiente va adquiriendo relieves más sobresalientes en este nuevo ámbito de controversia internacional sobre libre comercio. Así aparece el tema de pérdida de competitividad de las empresas por las regulaciones ambientales, obstáculos de libre exportación por el sistema de veda de una especie en peligro, las barreras no arancelarias de carácter regulatorio ambiental, la armonización de las normativas ambientales entre los Estados, los impactos transfronterizos de paradigmas como el cambio climático, la lluvia ácida, la capa de ozono o la destrucción del bosque tropical húmedo por el avance de la frontera agrícola.
Desde luego, en el debate del libre comercio y medio ambiente existen todo tipo de opiniones que subyacen en la naturaleza de los intereses de toda discusión: la maximización de las ganancias. Un sector de conservacionistas se oponen rotundamente a la apertura comercial y a los acuerdos de liberalización. Otros presionan por mantener el status quo. Mientras en otro extremo encontramos a los laissez passe, laissez faire. Pero cómo podríamos entonces hacer converger la variable ambiental y la comercial para poder entregarle crecimiento al país y bienestar a los ciudadanos? Es la pregunta del millón para los que dirigen nuestro país.
En este sentido se ha demostrado que es más eficiente y efectivo utilizar instrumentos directos para resolver problemas ambientales y no instrumentos indirectos que además puedan generar distorsiones económicas y costos sociales no deseados que sean menores a los beneficios ambientales que se pretenden. Hoy muchos autores concluyen que cada objetivo de política pública requiere de instrumentos específicos de mercado y que no es eficiente aplicar instrumentos de restricción comercial en el mercado como mecanismo de política ambiental.
La estructura y los procesos del comercio pueden influenciar por ejemplo, la conservación biológica o la protección de las fuentes y reservorios de agua a través de varios instrumentos. Una es la internalización de los costos, otro es la herramienta de política, los instrumentos legales son los siguientes y la capacidad operativa en ejercer el control, la normativa y el monitoreo es el último paso. Obviamente que la mayor responsabilidad la tenemos todos como ciudadanos.
En este complejo cuadro de interacciones, se requiere de instrumentos de política ambiental más efectivos y de reciente inserción en la dinámica económica. En estas circunstancias por mencionar, la sobreexplotación de los recursos (agua, suelo, bosques, etc.) tiene un impacto directo sobre la productividad y sobre la permanencia real de la actividad productiva X; por lo cual existe un efecto de retroalimentación de impacto positivo en el que la acumulación (o reducción) del acervo de recursos repercute en una alza (o baja) en la producción así como en el precio. Aquí entonces, habiendo plena internalización de costos a través de los derechos de propiedad sobre los recursos involucrados o mediante arreglos contractuales, se anticipa que el libre comercio y el incremento en la demanda externa de un producto ofrecerá no sólo la posibilidad de conservar el capital ecológico existente, sino incluso de protegerlo, mejorarlo y acrecentarlo (de lo contrario se cierra el negocio). En contraste, tratándose de servicios ambientales o recursos que no entran directamente en la función productiva (como la calidad del aire o fenómenos como las erupciones) cuando no hay internalización de costos ambientales, puede esperarse una exacerbada tendencia al deterioro que se deriva de un uso más intensivo del recurso natural.
Esto me obliga a concluir en que la apertura económica y comercial prometería de manera explícita una contribución significativa a la protección ambiental en la medida en que la capacidad operativa en el cumplimiento de las normativas sea incrementada. Se asumiría además que las presiones de la demanda externa haría más estricta la normativa ambiental conduciendo a un incremento en el precio del producto, obviamente que para exportar a un país industrializado se requiere cumplir con la normativa ambiental de ellos que es más estricta. Las grandes compañías internacionales que fluyen inversiones de capital de país en país, son sujetas a la crítica pública pero son más sensibles a ésta y realizan acciones de control ambiental donde operan, tienden a cumplir con la normativa vigente en su país de origen que son más rígidas que donde se ubican. El libre comercio puede dar un mayor impulso a la protección ambiental a través de un crecimiento más dinámico del ingreso por cada ciudadano.
El autor es consultor en Medio Ambiente y Desarrollo.
