- El Ministro de Defensa, igual que Bolaños, rehusa decir cuál es el país donante y qué aseguradora protege a los soldados nicas en Irak
- Silencio del Ejecutivo contraviene la Ley de Contrataciones del Estado, que lo obliga a licitar e informar
a la Contraloría
Nohelia González,José Adán Silva yLuis Felipe [email protected]
El gobierno de Nicaragua habría violentado la Ley General de Contrataciones del Estado, al no haber licitado la adquisición de pólizas de seguro para los efectivos del Ejército que viajaron a Irak en misión humanitaria, ni dar detalles del origen de los fondos con que las adquirió, y al contrario guardar hermetismo casi total.
La ley que regula la adquisición y arrendamiento de bienes, construcción de obras, consultoría y contratación de servicios de cualquier naturaleza que efectúen los organismos o entidades del sector público, contempla algunas exclusiones.
Para el caso del Ministerio de Defensa, la ley en su artículo tres, inciso a), establece excepciones cuando se trata de adquisiciones para el uso del Ejército Nacional de la República “que se realicen con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional”. Pero no es el caso de la misión humanitaria.
El Ministerio de Defensa, entidad que contrató las pólizas para los miembros del contingente de militares, 115 en total, que viajaron a Irak, no ha dado ningún detalle al respecto, y al contrario, el Presidente de la República, Enrique Bolaños, ha alegado “confidencialidad”, pese a lo que establece la ley y a la solicitud de la Contraloría General de la República de que informe en detalle, sobre quién financia los gastos del envío de las tropas.
CGR NO CREE A BOLAÑOS
Por ese motivo, la Contraloría General de la República (CGR) prefiere esperar a que sea el ministro de Defensa, José Adán Guerra, quien brinde toda la información del caso e ignorar el discurso de “aclaración” que esta semana dio Bolaños.
El pasado lunes, en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Bolaños dijo que un “país amigo” financió con 700 mil dólares el seguro y salario de los 115 soldados nicaragüenses que partieron a Irak en supuesta misión humanitaria, pero que a solicitud del país donante no podía revelar su identidad ni informarle a la CGR de los fondos y los contratos de seguros de vida para los soldados nicaragüenses.
Según el contralor Guillermo Argüello Poessy, la CGR esperará los documentos e información del ministro de Defensa, “porque es una persona seria y responsable que sabe cumplir sus compromisos; el señor ministro nunca ha dicho que va a renunciar a su inmunidad y tampoco mañana dice que no dijo lo que dijo”.
“Nosotros no podemos decir hasta la fecha que se violó la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público o cualquier otra disposición legal para contratar esos seguros de vida, lo que sí podemos decir es que todo fondo que entre al país bajo donación, financiamiento, limosna o lo que sea, es objeto de supervisión y fiscalización de esta Contraloría”, comentó Argüello Poessy.
“No pedimos mucho. Esto no es una discusión política. Necesitamos que nos den a conocer el origen de los fondos, las copias de los contratos de seguros, la explicación de si es una aseguradora nicaragüense o extranjera, que nos digan si licitaron o no, y que nos fundamenten con bases legales de dónde sacan el disparate de que los fondos confidenciales para una institución pública no son objeto de supervisión de la Contraloría ni de licitaciones”, expresó Argüello Poessy.
“Sea quien sea que regaló los fondos, sean los iraquíes, rusos, chinos, gringos o talibanes. ¡Quién haya dado ese dinero! ¿Por qué ocultarlo, si los que andan allá son nicaragüenses y el pueblo tiene derecho de saber cómo está la situación legal de sus ciudadanos?”, expresó Argüello.
GUERRA SE AMPARA EN “CONFIDENCIALIDAD”
El ministro de Defensa, José Adán Guerra, continuó ayer sin revelar el nombre del país que donó los fondos, alegando que el país donante “ha pedido total confidencialidad” y hasta en otro momento responderán a la Contraloría General de la República.
Guerra explicó que el Ministerio de Defensa no entrega el informe a la Contraloría, porque todavía falta “información adicional” de una institución del Estado, que también se negó a mencionar.
Antes, Guerra y el vicecanciller Salvador Stadthagen habían declarado a los medios de comunicación que el gobierno había conseguido 750 mil dólares –y no 700 mil– de un país amigo, que había pedido reservar su nombre, por asuntos de seguridad, ante posibles represalias del terrorismo internacional.
Ayer se manejó en círculos políticos, que el propio Estados Unidos, España o Taiwan podrían ser el donante, pero las representaciones diplomáticas de los tres países rechazaron haber entregado fondos para la misión “humanitaria”.
ESTADO CUBRE INDEMNIZACIONES
El titular de Defensa, además, no quiso mencionar con qué empresa aseguradora el Ejecutivo firmó la póliza de seguros del contingente militar: “Estamos esperando alguna información que nos va a llegar de una de las instituciones involucradas, y se los vamos a dar a conocer”, justificó.
Guerra se limitó a leer el artículo cuatro del decreto de ley aprobado por el Parlamento, que se refiere al artículo 62 de la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, que dice que las indemnizaciones de la misión serán cubiertas por el Estado. “Además, se ha contratado un seguro (adicional)”, agregó, sin revelar el nombre de la compañía.
El contralor Argüello Poessy no quiso arriesgarse a comentar si el gobierno de Enrique Bolaños tiene o no razón, al ocultar los términos del contrato de los seguros de vida de los soldados nicaragüenses que están en Irak “pero sí puedo decir que no conozco una ley de documentos secretos que diga que una Presidencia deba ocultar información sobre fondos destinados a una institución pública”.
CONTRAVENCIÓN A LEY DE SEGUROS
Otra infracción que habría cometido el gobierno nicaragüense sería contra la Ley General de Instituciones de Seguros, si las pólizas de seguro de vida de los soldados no hubiesen sido adquiridas con aseguradoras nacionales, según estipula esa ley.
El artículo siete de la Ley General de Instituciones de Seguros, aprobada mediante el Decreto Nº 1727 del 4 de agosto de 1970, publicado en La Gaceta Nº 270 del 26 de noviembre de ese año, establece la prohibición clara de contratar seguros con empresas no autorizadas so pena de multas a las personas naturales o jurídicas que incurran en violación de la misma.
“Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República, contratar seguros con empresas no autorizadas debidamente para operar en Nicaragua, salvo los de transporte de exportación e importación de Nicaragua, o de daños por accidentes que puedan ocurrir fuera de Nicaragua y los casos en que se demuestre ante el superintendente que el seguro específico de que se trate no es posible conseguirlo en este país con ninguna institución autorizada o que estas instituciones no tengan pólizas aprobadas para esos riesgos (…)”, estipula el artículo siete de la ley, y agrega que será el superintendente quien otorgará la licencia especial en tales casos, para el contrato con la institución o empresa aseguradora extranjera que lo ofrezca.
Consultado sobre el sistema de contratos y las reglas relativas a los seguros, el licenciado Javier Largaespada, intendente de seguros de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, confirmó que las contrataciones de las pólizas de seguro para el contingente militar debieron realizarse en el país.
“El artículo siete de la Ley General de Instituciones de Seguros refiere que toda contratación tiene que hacerse en Nicaragua, salvo que no la oferten en el territorio nacional; en tal caso, las pólizas de vida, hay compañías nacionales que las ofertan, y yo entiendo que tuvieron que haberla realizado aquí en Nicaragua porque el mismo artículo lo prohíbe”, explicó Largaespada
CONTRATO CON REASEGURADORA
Al explicar el funcionamiento de las normas internacionales para adquirir seguros, el experto explicó que un seguro como el que debió adquirir el Ministerio de Defensa para el contingente que viajó a Irak, es de “alto riesgo” y por ende la aseguradora nacional debió buscarlo a través de compañías reaseguradoras internacionales.
“Para ello existen mecanismos, se utiliza la modalidad de ‘broker’ (agente o corredor de seguros) internacionales. La compañía local solicita a un corredor para que cotice de acuerdo a las condiciones particulares que vayan a establecer en la póliza que vayan a suscribir, en virtud de ello hace las cotizaciones y se arma la condición particular tal y como lo solicita el asegurado”, explicó Largaespada.
“Básicamente creo que se debió haber utilizado una póliza de colectivo de vida, en vista de que era un grupo de personas que iban a realizar esa actividad (de demolición), bajo ese efecto es que debe estar constituida la póliza de seguro”, agregó.
Por su experiencia en el ramo, el intendente de seguros consideró que la póliza adquirida para el caso en mención, debió especificar la gama de riesgos a asegurar, tal es el caso de muerte accidental, invalidez permanente parcial, desmembramiento, muerte accidental colectiva, gastos médicos, y éstos se hacen en función de los requerimientos y capacidad de pago del contratante del seguro.
“¿Tu vida cuánto vale? Depende de los recursos económicos con los que contás”, expresó Largaespada.
¿A CUÁNTOS ASEGURARON?
Una fuente relacionada al sector de los seguros dijo que cubrir a todo el contigente de militares “resulta bastante caro, porque son ciento y pico, por más de seis meses, y el riesgo es sumamente alto”.
En este sentido, la compañía extranjera (la reaseguradora), explicó la fuente, podría haber puesto como condición asegurar a un número determinado de militares, en base al número estimado de pérdidas (o bajas) “y aseguran no al individuo, el cliente es el que pone el valor de la vida, un monto fijo o tantas veces el salario de la persona”.
Añadió que el riesgo, en el caso de los seguros para los militares, al igual que los bomberos y los policías, es alto. “No son asegurables y si lo son es bajo primas muy altas; en este caso van a una zona de guerra (Irak) y en esa medida la prima es alta por el exceso de riesgo que significa”.
María José Gutiérrez, analista inspector de Seguros de la Superintendencia de Bancos, puntualizó que las condiciones de los contratos de seguro, igual que todos los contratos, se deben conocer por las partes contratantes, en este caso el Ministerio de Defensa y la empresa aseguradora.
“Si solamente aseguraron a diez, esas condiciones las tuvo que haber aceptado el asegurado, en este caso el Ministerio o el Ejército, no es que la aseguradora lo haya dispuesto. Eso lo pone el reasegurador, pero el asegurado dice acepto o no acepto las condiciones que me están poniendo, o sea que es de pleno conocimiento del contratante de la póliza”.
EXCEPCIONES DE LEY
Según la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 3, las siguientes materias quedan excluidas de la aplicación de los procedimientos de esta ley:
a) Adquisiciones del Ministerio de Defensa para el uso del Ejército Nacional de la República que se realicen con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional. Se exceptúan de esta modalidad aquellas adquisiciones para avituallamiento del Ejército en tiempo de paz.
f) Las adquisiciones de bienes o servicios que se financien mediante préstamos de gobiernos, organizaciones internacionales, acuerdos de cooperación externa, o que se fundamenten en tratados, acuerdos o convenios internacionales, se regirán por lo que se estipule en los respectivos instrumentos, y cuando éstos no establezcan los procedimientos a seguir, se regirán por los requisitos y procedimientos contemplados en la presente ley y su Reglamento.
EE.UU.: SÓLO EQUIPOS
“Lo he dicho bien claro en otras ocasiones, que Estados Unidos está aportando todo lo que es el transporte, logística, el equipamiento a las tropas que están ahora cerca de entrar a Irak. El asunto de los estipendios especiales del seguro, nosotros no podemos cubrirlo y estamos colaborando con el gobierno de Nicaragua para conseguir los fondos con otros donantes”, expresó la Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Barbara Moore.
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