Félix Alemán N.
La política fiscal es un instrumento de política económica que puede dirigirse a favor del crecimiento económico, como también a la redistribución equitativa del ingreso, tanto a través de la estructura de gastos como de ingresos públicos, favoreciendo aquellas partidas presupuestarias que inciden directa y favorablemente sobre la inversión o desfavorablemente.
Dentro de la estructura impositiva hay ciertos aspectos que retardan el crecimiento económico, y, otros, que lo aceleran. Si el objetivo de la política fiscal es el crecimiento del PIB se deben eliminar aquellos aspectos que lo obstaculizan y aplicar aquéllos que lo aceleran.
A partir de 1990 los diversos gobiernos han implementado políticas fiscales y monetarias que han creado condiciones de “relativa” estabilidad económica, tanto de precios como de “pleno empleo” de recursos viables , para lo cual han hecho uso de un sistema tributario “regresivo e inequitativo” que ha contribuido al saneamiento de las finanzas públicas, como también a ensanchar la brecha de la desigualdad social.
Las crecientes inversiones públicas han incidido en el creciente déficit fiscal, lo que, a la vez, ha impulsado una creciente “presión tributaria”, como una forma de cubrir la creciente demanda de dinero para financiar el gasto público, lo que también ha incidido en la alta tasa de interés, frente a una fuerte disminución del consumo público y privado bajo una incidente inflación.
LA REFORMA FISCAL INTEGRAL
La recién aprobada Ley de Equidad Fiscal se ubica dentro del Programa Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, específicamente dentro del acápite III, Programa 2002-2003, que fue firmado entre el actual Gobierno y el FMI. La Ley constituye la segunda etapa dentro de dicho Programa, ya que la primera inició en julio del 2002 con la abrupta disminución del gasto del Gobierno Central.
Sin embargo, hay que tener presente que el objetivo a mediano plazo ( 2002-2005 ) es reanudar el crecimiento económico y reducir la pobreza.
En el corto plazo los objetivos del Programa económico 2002-2003 son:
A) reducir el déficit del sector público,
B) impulsar en 3 por ciento la tasa de crecimiento del PIB,
C) aumentar el gasto social equivalente al 15.8 por ciento del PIB para disminuir los niveles del pobreza.
Lograr estos objetivos dentro de un entorno recesivo constituye un reto trascendental y sólo será posible lograrlo con una fuerte participación de la amplia inversión privada, para lo cual será necesario un entorno crediticio favorable con una disminución de la tasa de interés, a través de un aumento de la oferta monetaria y una eficiente gestión orientadora y facilitadora por parte del Gobierno Central.
LA LEY DE EQUIDAD FISCAL
Esta Ley pretende en el corto plazo alcanzar objetivos de “equidad tributaria” a través de la redistribución de los altos ingresos hacia los sectores de menores ingresos, mediante mecanismos de mercado y transferencias del sector público al sector privado.
Para alcanzar estos fines implementará una tributación “progresiva” que recaude más ingresos, cuya principal fuente es la Renta, mediante:
a) el aumento del IR del 25 al 30 por ciento,
b) el pago de un mínimo del 1.0 por ciento a cuenta del IR sobre activos brutos de personas jurídicas y naturales con ingresos anuales superiores a los tres millones de córdobas,
c) el retiro del 10.0 por ciento por IR a los intereses mayores a los 75,000 córdobas, lo que significa una doble imposición a la renta que desestimula el ahorro,
d) la eliminación del 60 por ciento de las exoneraciones y exenciones sectoriales.
A la par de aumentar el ingreso tributario se prevé reducir el gasto público primario, a través de la eliminación de la “tasa cero” a todos los productos de la canasta básica, la que queda exenta de todo tipo de impuesto. Por otro lado, se aumentará el gasto corriente, ya que en la Asamblea Nacional se aprobó aumentar el gasto de remuneraciones y salarios para educación, salud, policía, entre otros, lo que implica aumentar el gasto de consumo público. Y se aumentan las transferencias al sector público, dirigidas a las universidades, y otras instituciones del Gobierno Central.
A pesar de incidir de forma negativa sobre la renta y el ahorro, e impactar, consecuentemente sobre la inversión, la Ley intenta promover las exportaciones, a través de las siguientes medidas :
a) se reduce el valor mínimo para exportaciones de US$ 100,000 a US$ 50,000
b) se aplicará la “tasa cero” a la exportaciones, en recompensa,
c) se reconocerá a las exportaciones el 25 por ciento del valor pagado por impuestos sobre combustible, como parte de la desgravación gradual del ISC a los combustibles.
La Ley contempla, también, el aumento del salario “neto”, ya que plantea reducir el IR sólo después de haber deducido la cuota del INSS; así como aumentar el poder adquisitivo. También, la exoneración de impuestos al sector transporte repercute en la disminución de sus costos, lo que impacta favorablemente el precio del pasaje.
Frente a estos posibles escenarios los avances en el área social y productiva-exportadora dependerán de una eficaz Estrategia Gerencial en cada una de las instituciones responsables de dichas políticas, que permita implementar principios de “ rendición de cuentas” y de amplia “ participación ciudadana” con el fin de medir como impactan los avances o retrocesos en la implementación del Programa de Reducción de la Pobreza y crecimiento de las exportaciones..
El autor es economista y gerente social, Universidad de Barcelona e INDES.
