- Estado estipuló en el acuerdo de Las Tunas la rescisión de los contratos si los campesinos se atrasan en pagos por las fincas
- No hubo “excesivas concesiones” aseguran miembros del equipo
negociador y dirigentes campesinos
Moisés Martínez, Roberto Pérez yArturo [email protected]
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Atraso en cuotas y adiós fincas
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Estado estipuló en el acuerdo de Las Tunas la rescisión de los contratos si los campesinos se atrasan en pagos por las fincas |
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No hubo “excesivas concesiones” aseguran miembros del equipo negociador y dirigentes campesinos |
Moisés Martínez,
Roberto Pérez y
Arturo Mcfields
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El Superintendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada y el viceministro de Gobernación Alfonso Sandino, coincidieron en señalar que en el acuerdo de Las Tunas el gobierno garantizó diversos mecanismos que obligan a los campesinos a cumplir con el pago de las haciendas cafetaleras.
Tanto Tablada como Sandino aseguraron que no se le brindó excesivas concesiones a los campesinos en la firma de Las Tunas II, como expresó el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For), José Augusto “Tuto” Navarro.
El Superintendente de la Propiedad explicó que en los acuerdos se estableció que si los campesinos incumplen con el pago de dos cuotas, se invalidarán los actuales contratos.
“El Estado queda protegido, ya que con dos cuotas que se atrasen, estamos en pleno derecho de rescindir del nuevo contrato. Ellos (los campesinos) mismos aceptan esto. Están conscientes que esto es una segunda oportunidad e incluso dicen que pueden conseguir con organismos internacionales, con los que mantienen contacto, algún pago anticipado”, reveló Tablada.
Por su parte, el viceministro de Gobernación Alfonso Sandino, expresó que para evitar posibles anomalías como las mencionadas por el titular del Mag-For, la Intendencia de la Propiedad entregó al Ministerio de la Familia un registro único de beneficiarios donde aparecen las personas que ya han sido beneficiadas por la reforma agraria.
FIN A NEGOCIO CON LAS TIERRAS
“El tema es terminar con una especie de mercantilismo de tierras que se ha venido dando, de gente que se presentan como candidatos a ser beneficiados por los cuatro puntos cardinales del país”, dijo Sandino.
En ese mismo sentido se refirió Tablada, quien consideró un éxito del gobierno el acordar que los campesinos pagarán por las propiedades.
“Es un gran logro el haber conseguido que pagarán un precio equis con mantenimiento de valor. Es cierto que con muchas facilidades, pero el principal objetivo político es mandar el mensaje de que nada es gratis. Estamos claros que se las dimos baratas, pero hay que ver el contexto de las negociaciones”, opinó Tablada.
Por su parte, Margarita López, representante de los campesinos, coincidió con estas declaraciones, al expresar que durante la firma de los acuerdos se establecieron requisitos que obligatoriamente se deben cumplir.
“Entre éstos están ser obrero agrícola, que no haya sido beneficiado por la reformar agraria durante ningún gobierno. La formación de una comisión que seleccionará a los favorecidos, no va a ser a la loca, fueron criterios que propusimos para evitar aprovechamientos de la pobreza”, indicó.
OTRA FINCA EN CONFLICTO
Otra propiedad negociada por el gobierno con los campesinos en los acuerdos de Las Tunas se encuentra envuelta en medio de un conflicto jurídico.
Esta vez la denuncia interpuesta ante el despacho del viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, es referida a una finca llamada “El Hular”.
Según lo establecido en los acuerdos de Las Tunas, el gobierno respetará un acuerdo de reforma agraria que entregó esta propiedad a miembros de la ex Resistencia Nicaragüense.
En resumen, la denuncia presentada por el abogado José David Zúñiga Avellán menciona que la finca “El Hular” es parte de una acusación judicial por estafa y falsificación en contra de una serie de personas que presuntamente engañaron a sus legítimos dueños y a la junta liquidadora del Banic para apropiarse de la hacienda.
“Pedimos que se investigue la situación de “El Hular” en el Registro Público de Matagalpa y su relación con el juicio ordinario 1324/2002 que se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen. Por lo tanto pedimos que el gobierno se abstenga de disponer jurídicamente y materialmente de la finca “El Hular” mientras no se solucione la situación descrita anteriormente”, dice textualmente la denuncia.
QUEJAS CON «TINTE POLÍTICO»
Mario Gutiérrez, responsable de la Comisión de Producción y Medio Ambiente de San Ramón, dijo que los reclamos del ministro de Agricultura y Forestal, José Augusto Navarro, tienen un “tinte político”, pues a su juicio los acuerdos de Las Tunas están ayudando a solventar la crisis de los pequeños y medianos productores.
