- Policía colombiana detiene a siete personas que participaron en el desvío de los 3,000 AK
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Redada en Colombia por caso de armas nicas
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Policía colombiana detiene a siete personas que participaron en el desvío de los 3,000 AK |
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La Policía Secreta colombiana y la Interpol capturaron ayer a siete presuntos miembros de una red de tráfico de armas, en relación con el desvío de un arsenal procedente de Nicaragua, que acabó en manos de los paramilitares.
El desvío de ese cargamento de 3,000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos de munición, procedente del Ejército de Nicaragua y cuyo destino supuestamente era la Policía de Panamá, suscitó una controversia entre estos dos países y Colombia, en la que intervino la Organización de Estados Americanos (OEA).
El armamento y la munición, calibre 7.62, fueron a parar a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización ilegal paramilitar de ultraderecha, calificada de terrorista y a la que se atribuyen centenares de matanzas.
El arsenal llegó hace año y medio a bordo del buque de bandera panameña Otterloo, que arribó al puerto caribeño de Turbo, en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá, para desembarcar 23 contenedores repletos de armas y municiones.
Entre los detenidos en Colombia hay dos funcionarios de la estatal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Henry Hernández Ramírez y Herminio Martínez Mercado, quienes fueron puestos a órdenes de la Fiscalía por las autoridades colombianas.
Los otros detenidos son representantes de la empresa importadora y empleados de otras compañías que tuvieron que ver con el cargamento y facilitaron el contrabando de armas.
Se trata de los hermanos Nelson y Erasmo de Jesús Saldarriaga Cuartas, Luis Aníbal Chaverra Arboleda, Giovani Hurtado Torres y Paola Caterine Romero Benavides.
Según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, Policía Secreta), el armamento y la munición fueron embarcados en Nicaragua en diez contenedores que contenía cada uno 300 fusiles, y en otros trece las 3,493 cajas de munición.
El barco partió del puerto de El Bluff, en el Caribe nicaragüense, con destino a Panamá, pero desvió su curso para ir a Turbo, en el golfo colombiano de Urabá, en donde dejó el arsenal.
En su investigación de este caso, la OEA determinó que en el desvío de estas armas contribuyó el que no se cumplieran las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA).
TRES ETAPAS
La OEA señaló en un informe que la operación se realizó en tres etapas, una de 1999 a 2000, cuando el israelí Ori Zoller, dueño de la empresa GIRSA, de Guatemala, propuso a la Policía de Nicaragua el canje de los fusiles y municiones por 100 subfusiles UZI y 465 pistolas Jericó, de fabricación israelí.
La segunda etapa, según el informe, transcurrió de julio de 2000 a julio de 2001 en la que otro israelí, Shimon Yelinek, aparece como socio de Zoller, y se fragua el desvío de las armas y municiones a Colombia, cuyo destino original era una empresa de coleccionistas de armas estadounidense.
Una tercera etapa se produjo de julio a noviembre de 2001, cuando se concreta el desvío del embarque, en una operación en la que ambos israelíes utilizaron una orden de compra de la Policía de Panamá, que había sido falsificada.
De acuerdo con el informe de la OEA, el Ejército y la Policía de Nicaragua incurrieron en falta de profesionalismo en su manejo del desvío de esas armas, porque no confirmaron con las autoridades de Panamá si realmente la Policía de ese país recibiría esos fusiles o si en efecto los había mandado a comprar.
