- Exigen persecución penal contra funcionarios asistentes en protesta
ACAN-EFE
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Periodistas denuncian a presidente Portillo
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Exigen persecución penal contra funcionarios asistentes en protesta |
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GUATEMALA.- Medios de información guatemaltecos denunciaron el sábado al presidente Alfonso Portillo en la Fiscalía y demandaron la visita de un relator de la CIDH por los ataques que sufrieron periodistas por parte de simpatizantes del general golpista José Efraín Ríos Montt, durante las protestas callejeras de esta semana.
Un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación presentó la denuncia contra el jefe de Estado en la Fiscalía, ante la inactividad de las fuerzas de seguridad para controlar a las enardecidas turbas que provocaron la muerte, el pasado jueves, del reportero Héctor Ramírez.
En la demanda también exigen una persecución penal contra los funcionarios públicos que participaron en las protestas, sobre todo dirigentes del partido oficial Frente Republicano Guatemalteco (FRG), explicó a ACAN-EFE Marvin del Cid, del diario Prensa Libre.
Los periodistas guatemaltecos también se reunieron con el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, a quien le pidieron interceder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que verifique su situación en el país.
Específicamente, demandaron la visita del relator especial para la libertad de expresión de ese organismo, el argentino Eduardo Bertoni.
LAS AGRESIONES
El periodista Héctor Ramírez murió el pasado jueves, víctima de un infarto, cuando buscaba refugio en una vivienda privada de la capital, al ser perseguido por una enardecida turba de seguidores de Ríos Montt, máximo líder del FRG, en el poder y actual presidente del Congreso.
Varios reporteros también fueron agredidos y amenazados de muerte por las turbas que reclamaban la inscripción del anciano militar retirado como candidato presidencial a las elecciones generales del 9 de noviembre próximo, pese a las prohibiciones constitucionales por su pasado golpista.
Los periodistas y empresarios fueron los principales blancos de los ataques de los simpatizantes de Ríos Montt, que ha negado la organización del movimiento pese a pruebas contundentes reflejadas en los medios de comunicación, de la participación de dirigentes de su partido en las violentas protestas.
“Pedimos una investigación para que se deduzcan responsabilidades penales al FRG porque hay evidencias de su participación en el movimiento”, sostuvo un periodista.
Por su parte, el Defensor del Pueblo explicó que ya ha abierto una investigación sobre el acoso a los medios informativos y aseguró que “vamos a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia”.
Morales comentó que desde el pasado jueves ha tenido una comunicación constante con los integrantes de la CIDH de la Organización de Estados Americanos y dijo que ya solicitó la presencia de un relator en Guatemala.
“Vamos a reiterar la solicitud el próximo lunes (hoy)”, anunció el Procurador a los periodistas, que vestían de negro en señal de luto por la muerte de Ramírez.
La agresividad de los manifestantes se concretó contra los periodistas, por considerar que “la prensa está vendida” a intereses empresariales y políticos de oposición.
PLAZO HASTA MAÑANA
Las manifestaciones fueron organizadas como una medida de presión para que se acepte la candidatura presidencial de Ríos Montt, pese a las prohibiciones constitucionales que pesan en su contra por su pasado golpista.
El general retirado gobernó de facto entre 1982 y 1983 tras el golpe militar que derrocó al presidente Romeo Lucas.
La decisión si Ríos Montt puede participar en las elecciones generales del próximo 9 de noviembre, está en manos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que analizan un amparo promovido por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que tiene suspendida la posible inscripción del militar.
Los magistrados tienen un plazo de 72 horas, que terminan el próximo martes, para resolver en definitiva el amparo y cualquiera que sea el resultado tanto Ríos Montt como la UNE pueden apelar el fallo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
