Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Un grupo de indígenas procedentes del departamento de Jinotega, al norte del país, se plantaron en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en demanda de una exhaustiva investigación de la actuación de los jueces, y su posterior destitución, por supuestos actos anómalos en los procesos judiciales en que varios de ellos se han visto desfavorecidos.
“La comunidad indígena ha sido víctima de tantos abusos, de retardo de justicia de parte del Poder Judicial en el departamento de Jinotega, y como pobladores indígenas venimos a clamar justicia, porque realmente se están violentando los derechos”, afirmó Juan Antonio Rizo Guerra, coordinador del Barrio Diriangén, de Apanás.
Según Rizo Guerra, ellos son dueños de 36,856 manzanas de terreno, pero terratenientes del departamento se han apoderado de ellas, “y el Poder Judicial nunca saca un fallo a favor de la comunidad indígena sino que siempre a favor de los terratenientes”.
Las denuncias incluyen al juez Local para lo Penal de Jinotega, Abdón Úbeda; la juez de Distrito Civil, Adriana Molina Fajardo; el Juez de Distrito del Crimen, Santiago Duarte, y el juez de San Rafael del Norte.
“Hay asesinatos que han quedado impunes, hay aseguramiento de bienes litigiosos que se han convertido en desalojos donde han muerto infantes, donde ha salido baleada una anciana. En el caso estricto del barrio Diriangén, ubicado en territorio indígena, son de la familia Rizo los que están reclamándolo, cuando es nuestro y esta familia fue indemnizada por el Estado cuando no tenía por qué ser y el juicio de limpieza registral duerme”, afirmó Denis Palacios Montenegro, coordinador de la comisión de denuncia por corrupción en el Poder Judicial de Jinotega.
CSJ ESTUDIARÁ DENUNCIA
En una audiencia especial entre representantes de los indígenas y el magistrado Rafael Solís, se acordó convocar a todos los miembros la Comisión Disciplinaria de la CSJ para el viernes próximo, para abordar los casos denunciados.
“Prefiero llevar este caso a la reunión del viernes y ahí yo voy a proponer que se haga una investigación in situ, donde se pueda mandar a la jefa de Inspectoría Judicial de la Corte, un par de días, y que investigue los expedientes, a ver si es cierto que han salido algunos asesinos, como dicen ellos (los indígenas) por asunto de dinero o si es cierto que algunos que deben estar presos”, indicó el magistrado.
