- Mañana está previsto que el Jefe de la Policía de Nicaragua rinda su declaración ante el Fiscal General de la República, por el escándalo narcopolicial
- Extienden investigaciones hasta los “soplones” y posiblemente a las actuaciones de la Policía con la DEA
José Adán Silva [email protected]
Se acabó el tiempo. El Director de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero Ardila, será el primero de la lista que comparecerá a declarar mañana, por el pago a informantes con drogas incautadas en operativos antinarcóticos y la repartición entre jefes policiales de dinero que la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó como “recompensa” por la cooperación policial nicaragüense en quiebres de drogas.
Así lo confirmaron ayer fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República, quienes precisaron que la decisión la tomaron tras una reunión el pasado viernes, cuando la comisión investigadora del Ministerio Público elaboró el plan de trabajo de las pesquisas del caso.
La comisión especial que investiga a la Policía está integrada por el doctor Miguel Robelo Ramírez, inspector general del Ministerio Público; Elton Ortega, jefe del Departamento de Asesoría Técnica Jurídica; Delia Rosales, secretaria ejecutiva del Ministerio Público, y la doctora María del Carmen Solórzano, fiscal departamental de Managua, quien coordinará el equipo.
Según las fuentes, a Cordero se le tomará su declaración en su casa de habitación, en Managua, en consideración a su estado de salud, mientras que los demás investigados deberán comparecer a las oficinas de la Fiscalía.
A la par de las acciones del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, en su papel de defensora de los intereses del Estado, ha anunciado que pedirá auxilio a la Dirección de Información para la Defensa (DID), la unidad especializada de inteligencia del Ejército de Nicaragua, para determinar si en las actuaciones policiales se han perjudicado los intereses del Estado.
DEA Y “SOPLONES” BAJO OBSERVACIÓN
La investigación de este escándalo narcopolicial que tiene previsto concluir en tres meses, se extenderá a otras instancias relacionadas con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico.
Entre estas instancias mencionadas, se planteó que también se aclarará la actuación de la DEA en el caso, ya que la Policía Nacional tiene delegados de la DEA en su estructura interna.
Pero la investigación no será sólo a jefes actuales y ex altos mandos policiales, sino que se extenderá a los colaboradores de la Policía en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo a los “soplones”, según fuentes cercanas a la Fiscalía y la Policía.
De acuerdo a las declaraciones iniciales de Cordero a los medios de comunicación, hay colaboradores que aún exigen miles de dólares en pago por información que suministran a la Policía.
Cordero señaló que hubo algunos informantes que recibieron paquetes de drogas en forma de pago, y repartición entre jefes policiales del dinero que la DEA entregó como “recompensa” por la colaboración de la Policía nicaragüense.
GRAVE PARA LA POLICIA
El artículo 63 de la Ley Antidrogas (Ley 285) establece: El funcionario, empleado público, trabajador, oficial encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas comprometidas en delitos o faltas de que trata la presente ley, que procure la impunidad del delito o la ocultación, alteración o sustracción de los elementos o sustancias decomisadas o facilite la evasión de la persona capturada, detenida o condenada, que altere o mandare a alterar el cuerpo del delito, sufrirá la pena de prisión de seis a siete años e inhabilitación especial por el término de la condena.
