Andrés Mendoza Bravo
Coincido con el diputado que en días pasados presentó un anteproyecto de ley para limitar el ejercicio de la abogacía y el notariado a los legisladores, para evitar influencias que continúen empañando nuestro débil sistema de justicia. Sin embargo, creo que se debe agregar tal limitante a los ministros, viceministros, directores de entes autónomos e incluso los alcaldes, concejales y suplentes, tanto de los municipios como de las regiones autónomas.
A decir verdad en el interior del país los funcionarios que son abogados y notarios ejercen diferentes presiones en contra de los jueces y demás funcionarios del sistema del Poder Judicial. Los ciudadanos que logran ser electos a cargos públicos porque son miembros de determinado partido político, independiente del nivel profesional que tengan, y una vez electos, en su mayoría olvidan los principios éticos. Por el contrario, se consideran superiores y privilegiados, lo que trastoca los derechos de todos los nicaragüenses que según la Constitución somos iguales ante la ley.
