- Otro llamado es a que aprueben viaje a Irak, que podría discutirse mañana
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El canciller Norman Caldera se declaró ayer convencido de que los diputados de la Asamblea Nacional aprobarán el acuerdo bilateral suscrito entre Nicaragua y Estados Unidos para evitar que sus ciudadanos sean extraditados a terceros países, desconociendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
Desestimó que la suscripción del convenio bilateral constituya un tácito reconocimiento a la existencia en ambos países de criminales de guerra, alegando que el estatuto de Roma violenta la Constitución de Nicaragua.
“No es temor de que en Nicaragua se extradite a algunas personas, lo que dije es que el Estatuto de la Corte tiene roces con la Constitución, la Corte misma dice que se aplica aunque uno no sea parte, no veo ninguna contradicción entre lo que nosotros firmamos y la Constitución, todo lo contrario, el que tiene roces con la Constitución es el Estatuto de la Corte”, destacó.
Admitió que la Constitución en su artículo 43 establece la prohibición para extraditar a los nicaragüenses, no obstante, reiteró necesario el acuerdo bilateral con Estados Unidos, considerando que la CPI pretende que su jurisdicción abarque a los países que no son suscriptores de ese tratado internacional.
Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Julio Vega, estimó que este martes será aprobado en el Parlamento el acuerdo bilateral, cuya exposición de motivos deja claramente establecido que es constitucional y de carácter recíproco entre Nicaragua y Estados Unidos, cuyas autoridades no podrán entregar a ningún nacional sin informar previamente a su contraparte.
Caldera y Vega coincidieron en que los diputados también aprobarán el próximo miércoles, el envío de la misión humanitaria de tropas castrenses a Irak, conformada por 230 efectivos entre zapadores y médicos, quienes prestarán servicios humanitarios en aquel país asiático.
Caldera informó que en la misión humanitaria también está integrada por oficiales de altos rangos que formarán parte de las estructuras superiores para garantizar que los intereses de los miembros del Ejercito estén protegidos.