- Durante plantón de consumidores frente a instalaciones de distribuidora eléctrica
Arturo Mcfields [email protected]
“Que se vayan, que se vayan!” fue los grita que durante varias horas resonó en las inmediaciones del centro BAC, donde se ubican las oficinas centrales de la empresa distribuidora de energía eléctrica Unión Fenosa.
Ruth Selma Herrera, Presidenta de la Red de Defensa del Consumidor, manifestó que la protesta se organizó con el propósito de llamar la atención de la Contraloría General de la República y de los diputados de la Asamblea Nacional para que anulen el contrato con la empresa española y de esta manera el Estado sea quien administre el servicio de distribución de energía eléctrica.
“Venimos a protestar y a exigir que se anule el contrato con Unión Fenosa para que se vuelva a poner en manos del Estado la energía, como sucede en Costa Rica que la energía es estatal, barata, eficiente y tiene cobertura nacional”, indicó Herrera.
También dijo que Fenosa está “robándole” a los usuarios con los cobros por energía no registrada que a su juicio sirven para subsidiar las pérdidas que la empresa tiene, debido a la poca inversión que realiza para dar mantenimiento a sus sistemas.
MONOPOLIO AFECTA
Uno de los problemas que según la Red de Defensa al Consumidor afecta a los usuarios, es la falta de libre competencia que impide que se den otras ofertas en el sector.
“Los servicios públicos tienen rentabilidad social, no pueden estar en manos de un monopolio, si vamos nosotros a querer a administrar como monopolio en Estados Unidos o en Costa Rica no te dejan, aquí a cualquier empresa lo han puesto en sus manos y esa es una irresponsabilidad de los diputados”, dijo Herrera.
RECHAZAN COBRO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Los marchistas también exigieron que no se cobre el servicio de alumbrado público a los barrios que no lo reciben, así como el respeto al plazo de moratoria para pagar recibos atrasados que es de 30 días y no de 15, como lo aplica la empresa distribuidora de electricidad.
La protesta en contra de Fenosa fue respaldada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, mismos que a través de un comunicado hicieron un llamado a terminar con los cobros ilegales que afectan el bolsillo de los consumidores.
