- Pobladores temen ser desalojados en cualquier momento y aseguran que resistirán con machetes y garrotes
Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
El litigio de una propiedad de once manzanas de terreno, al suroeste del Mercado de Mayoreo, en Managua, denominado asentamiento “Gertrudis Arias”, podría concluir con violencia, según amenazaron los residentes.
De acuerdo a los pobladores, adquirieron los lotes mediante la compra a bajos precios a personas identificadas como desmovilizados de guerra, quienes presentaron documentación que supuestamente demostraba que se les adjudicaba la propiedad por parte del antiguo Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA).
Javier Álvarez Zamora, dueño del lote, dijo que el documento o carta de asignación del terreno fue falsificado, por lo que llevó a los tribunales a José de Jesús Maltez, Julián Antonio Ríos, Mario Siles Algabas, Víctor Manuel Duarte Rivera, Pedro Pablo Ruiz Varela y María de los Ángeles Largaespada, por usurpación del dominio privado.
“La firma a nombre de Álvaro Fiallos Oyanguren (ex ministro del INRA) en la fotocopia de asignación investigada, no coincide con las firmas experimentales del modelo del señor Fiallos. Estamos frente a un documento que es falso. Eso lo sabían las personas que se metieron ahí”, aseguró Álvarez Lacayo.
Luis Alberto Mojica, habitante del asentamiento, expresó que están dispuestos a llegar a un acuerdo con Álvarez Zamora, ya que no pretenden desalojar el lugar.
RESPONSABILIZAN A JUEZ DE LAS CONSECUENCIAS
“La respuesta que podemos darle es que él venga, que aquí no habemos criminales, somos ciudadanos pacíficos, pero sí queremos dialogar. Podemos negociar con él”, refirió Mojica, tras asegurar que esperan a los agentes policiales, armados de machetes y garrotes para resistir una orden de desalojo en su contra.
La Juez Primero Local del Crimen de Managua, Julia Mayorga, ordenó ejecutar un desalojo en contra de los habitantes del lugar, luego de encontrar que el terreno fue tomado a la fuerza por los demandantes.
Pese a la existencia de dicho mandato, aún no se ha hecho efectivo, pues según Álvarez, la Policía Nacional le ha externado su incapacidad para actuar, dada la carencia de agentes de esa institución.
“Queremos que recuerden este señor (Álvarez Lacayo) y la señora juez que no firmó a favor de nosotros (la sentencia), que si aquí hay muertos, sobre su carga y sobre su cabeza van todos los muertos y la sangre que corra en este barrio, porque aquí no estamos dispuestos a desocupar los lotes, porque no tenemos a dónde irnos. Aquí nos ha costado a nosotros, hemos comprado tubos para el agua, alambres para luz y aquí hay mejoras”, amenazó Juana Gutiérrez, habitante.
