- “Pasarán sobre mi cadáver, si
alguien quiere vender todo ese Lago de Apanás”, dijo el mandatario
Consuelo Sandoval [email protected]
El presidente Enrique Bolaños se comprometió ayer con la Comunidad Indígena de Jinotega, a que su gobierno no privatizará el Lago de Apanás, dónde opera la empresa Hidroeléctrica de Generación S.A. (Hidrogesa). Los comunitarios reclamaron la indemnización por el uso de unas 10 mil manzanas de tierras durante un período de 42 años, sobre las que se formó el manto acuífero artificial en 1961.
“Pasarán sobre mi cadáver si alguien quiere vender todo ese Lago de Apanás”, sentenció el mandatario en la comunidad jinotegana de Sisle, dónde inauguró un proyecto energético.
Aclaró que lo que su gobierno venderá será la maquinaria que genera la electricidad, no obstante, informó a los protestantes que analizará el caso, para lo cual designó al presidente de la Comisión Nacional de Energía, Raúl Solórzano, para que investigue las presuntas irregularidades que cometió el Estado en contra de los indígenas.
“Me vas a averiguar cómo se hizo esto (Raúl), y qué le debemos a esta comunidad, porque Enrique Bolaños honra a su país, honra a Nicaragua y si Nicaragua debe, Nicaragua debe pagar. Si les debemos a ustedes, les vamos a pagar aunque sea mensual como un alquiler”, garantizó Bolaños.
Andrés Granados, presidente de la Comunidad Indígena integrada por 45 mil aborígenes, explicó que fueron expulsados de las diez mil manzanas de tierras donde se construyó el Lago de Apanás, mediante una ley de expropiación, por la que el Estado no les pagó ni un centavo por los terrenos.
Manifestó que los indígenas tampoco están a favor de la privatización de Hidrogesa.
Por su parte Denis Palacios, coordinador de la Red de Defensa del Consumidor, refutó a Bolaños en cuanto a que solamente venderán las plantas, por cuanto esos equipos funcionan exclusivamente con el agua del Lago de Apanás y, por ende, también tendría que ser privatizado.
Palacios señaló que el reclamo de los indígenas por el pago de sus propiedades está fundamentado en un título de propiedad que recibieron de la Corona española en 1763, documento legalmente inscrito en el Registro de la Propiedad.
