- La eficacia de la Procuraduría General de la República es desafiada. Al no personarse de la manera debida en un juicio civil, según el fallo de una juez, el Estado nicaragüense está a punto de pagar US$8.9 millones a los dueños de “Yesera Guadalupe S.A.”, además de los US$7.5 que el Estado ordenó pagar a estos mismos reclamantes
Eduardo Marenco yJorge Loáisiga [email protected]
Un día después que el procurador Francisco Fiallos se “robó el show” en el Centro de Convenciones “Olof Palme”, el pasado siete de agosto del 2002, al presentar “la huaca”, la ruta de la corrupción durante la administración de Arnoldo Alemán Lacayo, la juez Yelba Aguilera dictó una sentencia que ordenaba al Estado, pagar US$8.9 millones de dólares a los representantes de la sociedad “Yesera Guadalupe S.A.”
La judicial alegó en sus considerandos, que la Procuraduría no se personó en el juicio tal como es debido.
La sentencia de la juez fue dictada y rubricada a las tres y treinta minutos de la tarde del ocho de agosto del año pasado, pasando desapercibida, por la euforia que embargaba al público, estremecido por la lucha contra la corrupción.
En un plazo de 23 días, la juez Aguilera falló a favor de Luis Raúl Cerna Argüello, representante de “Yesera Centroamericana Guadalupe y Agropecuaria S.A.”.
Seis meses y 27 días después, el cinco de marzo de este año, la Procuraduría interpuso ante la nueva Juez Primero Civil de Distrito, María Cristina López Huete, un incidente de nulidad absoluta del juicio, en un intento por salvar el juego en que están siendo derrotados.
La juez Yelba Aguilera fue removida de su cargo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo trasladada a un Juzgado de Granada.
El día que la CSJ decidió trasladarla a Granada, el siete de marzo de este año, la juez Aguilera también falló en contra de la Empresa de Telecomunicaciones (Enitel), en la que el Estado tiene el 51% de las acciones, ordenándole pagar US$5 millones en concepto de daños y perjuicios al empresario cubano americano, Ricardo Mas Canosa. Enitel ha apelado la decisión de la judicial.
El procurador Francisco Fiallos se ha quejado ante la CSJ por la actuación de la juez Aguilera en el juicio promovido por la empresa constructora “Conamerica S.A.” en contra del Estado de Nicaragua, en el que, al igual que en el caso de la “Yesera Guadalupe”, la juez tampoco reconoció a los procuradores auxiliares como legítimos representantes del Estado de Nicaragua.
UNA FAMILIA CON EXCELENTES RELACIONES
En el litigio de la “Yesera Guadalupe”, Cerna Argüello actúa en representación de su padre, Luis Raúl Cerna Baca, proveniente de una modesta clase media, que se abrió paso gracias a un talento nato para los negocios, según algunos, y gracias a sus vínculos con los Somoza, según otros, llegando a ostentar un capital considerable durante la época somocista. En la actualidad se encuentra gravemente enfermo.
El poder de lobby de los Cerna en Washington es respetado por el gobierno de Nicaragua, el cual siempre está sometido a la aprobación del “waiver”, una cláusula que en julio de cada año aprueba el Congreso de Estados Unidos, la cual permite que se otorgue ayuda a Nicaragua aun cuando persistan reclamos de propiedad por parte de ciudadanos estadounidenses.
El “waiver” es aprobado siempre y cuando el gobierno de Nicaragua demuestre voluntad por indemnizar a los ciudadanos de Estados Unidos.
Antes de su viaje a Washington, a fines de febrero, el presidente Enrique Bolaños solicitó el expediente de los reclamos de la sociedad “Yesera Guadalupe” para exponer el punto de vista del gobierno nicaragüense a las autoridades estadounidenses. El gobierno intentó contrarrestar el intenso e influyente cabildeo de la familia Cerna, pues el Estado no soporta mayor endeudamiento interno.
Según fuentes del gobierno, la familia Cerna apoya la campaña electoral de los congresistas republicanos por la Florida, Ileana Rose Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart. En el despacho de Luis Raúl Cerna Argüello se aprecian fotografías de ambos congresistas, así como retratos de la familia Bush con dedicatorias a la familia Cerna.
Al mismo tiempo, en los círculos de gobierno se asegura que el bufete fundado por el abogado John Sirica, ex juez del caso “Water Gate”, que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon, está vinculado a la familia Cerna. Sirica fue nombrado el hombre del año por la Revista “Time” en 1973, se retiró en 1986 y falleció a la edad de 88 años el 14 de agosto de 1992.
También tienen amistad con el senador republicano, Jesse Helmes, quien históricamente ha presionado por los reclamos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses. Cerna Argüello reclama como ciudadano estadounidense, explica el Intendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada.
MÁS Y MÁS DEUDAS
Esta nueva deuda del Estado con la sociedad “Yesera Guadalupe”, en el orden de los US$8.9 millones, se suma a otra de US$7.5 millones, obligación que hace parte de la Deuda Interna financiada con el dinero de los contribuyentes.
La deuda de US$7.5 millones será pagada en bonos del Tesoro, mediante 19 cuotas semestrales, con mantenimiento de valor y un interés del 8 y medio por ciento sobre saldo anual, en cumplimiento de otras dos sentencias judiciales.
El pago es por la indemnización de ganado y tierra expropiada en Chontales. (Ver infografía).
La gran interrogante es si el Estado soportará tan ascendente endeudamiento interno.
La nueva deuda por US$8.9 millones tendrá validez en dependencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría.
Según la sentencia de la juez Aguilera, a través de diferentes documentos el Estado ha reconocido que se debe indemnizar a los propietarios de “Yesera Guadalupe S.A.”, por el yeso que dejaron de explotar el tiempo que la mina permaneció nacionalizada y en poder del Estado.
En cambio, la Procuraduría sostiene que tanto las acciones de la sociedad como el yeso fueron nacionalizados, perteneciendo ahora al Estado, por tanto, la demanda judicial por el pago del yeso no tiene asidero legal.
Anteriormente, los representantes de “Yesera Guadalupe” fueron indemnizados con bonos por los terrenos y la maquinaria de la mina de yeso que les perteneció hasta 1979, cuando ésta fue nacionalizada. Ahora esperan ser indemnizados por el yeso de la mina.
También obtuvieron una concesión del Estado para la explotación durante cincuenta años de la mina de yeso que alguna vez fue de su propiedad.
CÁLCULO AL BOLZASO
Según Cerna, el Estado debe indemnizarles por los once millones de toneladas métricas que dejaron de explotar el tiempo que la mina estuvo nacionalizada.
El cálculo de Cerna se basa en un estudio de geólogos italianos de la firma del doctor L. Zoppis Bracci, realizado en 1959, y fue tomado como verídico por la juez Aguilera.
Cerna también se apoya en una carta de cobro de impuestos por parte del Ministerio de Economía a “Yesera Guadalupe S.A.”, que tiene la mina de yeso en su poder, gracias a una concesión del Estado.
En dicha carta, el gobierno afirma que por cada tonelada métrica explotada los Cerna deben pagar US$0.817532 en impuestos.
Sin embargo, en una aritmética inusual, Cerna multiplica los US$0.817532 que se les cobra en impuestos por tonelada métrica, por los once millones de toneladas de yeso que habría en la mina, según el estudio geológico de 1959. El resultado de la operación son los US$8.9 millones que ahora reclaman.
Esta operación aritmética es cuestionada por la Procuraduría, pues a su juicio la juez debió nombrar un perito que hiciera un nuevo estudio geológico, para saber cuánto yeso había en la mina en 1979 y cuánto hay en la actualidad.
“Si ellos me lo valoraron así, yo se los valoro igual, lo que es bueno para la gansa, es bueno para el ganso”, justificó Cerna.
Durante el juicio, la Procuraduría no se presentó a la mediación. Posteriormente, se personó mediante escrito del doctor Octavio Armando Picado García, en su carácter de procurador civil nacional, quien presentó certificaciones de nombramiento y toma de posesión del cargo.
Sin embargo, el apoderado judicial de “Yesera Guadalupe”, José Manuel Domínguez Tovar, alegó en base a la Ley Orgánica de la Procuraduría, que tales certificaciones no eran suficientes pues debía comparecer al juicio como persona privada, con un Poder General Judicial otorgado por el Procurador General de Justicia.
En el segundo considerando de su sentencia a favor de “Yesera Guadalupe S.A.”, la juez Aguilera establece que “el ejecutado, el Estado de Nicaragua, representado por la Procuraduría General de la República no se personó en debida forma”, es decir, “como persona privada”, de manera que el escrito presentado por la Procuraduría fue tenido “como no opuesto”.
“Yo creo que aquí el causante de la lesión al Estado es el procurador o quienes lo asesoran porque no conocen la ley, hay negligencia de parte de la Procuraduría, (pese a que) yo quise arreglar esto por la vía administrativa”, agregó Cerna.
El equipo de la Procuraduría negó la versión de Cerna e insistió en que su reclamo no tiene asidero legal.
Cerna agregó que está dispuesto a aceptar bonos de indemnización, de llegar a un acuerdo con el gobierno, ya que de lo contrario, esperará el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo el pago de los US$8.9 millones en efectivo. Cada bono se cotiza a veinticinco centavos de dólar en el mercado bursátil.
RECUSAN AL MAGISTRADO SOLÍS
La Procuraduría General de la República (PGR) recusó ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Rafael Solís, porque supuestamente emitió opinión sobre el juicio ejecutivo corriente promovido contra el Estado por “Yesera Centroamericana Guadalupe y Agropecuaria S.A.”.
El juicio civil es conocido por los magistrados vía casación y según el formal incidente de recusación presentado por la abogada Silvia Miranda Campos, representante de la PGR, Solís supuestamente habría opinado al decir que la representación del procurador personado en el caso “Yesera” no estaba ajustada a Derecho. Las supuestas declaraciones de Solís tuvieron como marco la reunión que el procurador general Francisco Fiallos sostuvo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 24 de enero. En ese encuentro se abordaron tópicos relativos al Estado de Nicaragua y particularmente el juicio promovido por la Yesera Centroamericana Guadalupe.
“Lo que yo hice fue explicar que ahora la ley no es como antes, cuando sólo bastaba un nombramiento para intervenir en los juicios civiles. Ahora se necesita un poder general judicial para cualquiera de las partes”, apuntó Solís.
PAGOS MILLONARIOS
Según el Presupuesto General de la República, en el rubro de Servicio de la Deuda Pública, sólo en el 2003 se pagará C$15.8 millones a la “Yesera Guadalupe”.
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