- Fiscalía, Policía y Procuraduría serían las
instituciones “beneficiadas”
José Adán Silva [email protected]
Los vehículos que les fueron requisados al ex director General de Ingresos, Byron Jerez, podrían ser repartidos en los próximos días entre las tres principales instituciones que ayudaron a investigar y resolver el caso: Fiscalía General de la República, Procuraduría General y Policía Nacional.
La medida fue discutida toda la semana entre estas instituciones y representantes de la Presidencia y de la Dirección General de Aduanas.
Ayer mismo, en la Fiscalía, la fiscal general adjunta María Lourdes Bolaños se entrevistó con el secretario de la Presidencia, Julio Vega Pasquier y con el director general de Aduanas, Fausto Carcabelos.
Aunque al final de la reunión ninguno de ellos reconoció públicamente la información sobre la repartición de vehículos, de manera extraoficial se informó que estas instituciones están negociando la división de los 23 vehículos que le fueron requisados a Jerez en abril del año pasado, cuando se le acusó de evasión fiscal, fraude, defraudación al Estado y otros delitos.
Según la información extraoficial, a la Procuraduría le serían asignadas las camionetas de lujo, a la Fiscalía las de trabajo, y a la Policía Nacional los vehículos ligeros, así como los cuadraciclos y las lanchas.
COORDINAN ACCIONES CONTRA EL CONTRABANDO
También en esa misma reunión, tanto la Fiscalía como la Dirección General de Aduanas hablaron de la necesidad de coordinar acciones contra el crimen organizado y el contrabando.
“Estábamos platicando de la urgente necesidad que tenemos ambas instituciones de soportarnos y apoyarnos en el trabajo, de forma coordinada en la lucha contra el crimen organizado; adicionalmente, hemos establecido una vía de comunicación para esta lucha que tenemos que hacer”, señaló el director de Aduanas, Fausto Carcabelos.
REFORMAR LEY ANTINARCÓTICOS
Dentro de las acciones a coordinar, figuran capacitaciones conjuntas. “Hemos acordado que la aduana facilitará capacitación al Ministerio Público en materia de delitos aduaneros, para que la interacción que la fiscalía debe tener con las aduanas sea más fluida y más ordenada”, dijo Carcabelos.
Según el director de Aduanas, el problema no radica solamente en el contrabando de mercaderías, sino también en los delitos conexos o asociados al contrabando, como el tráfico de sustancia ilegales, armas, personas y otros.
En ese sentido, la fiscal Bolaños dijo que promoverán “con urgencia” la reforma de la Ley Antinarcóticos, para adecuarla al nuevo Código Procesal Penal.
Bolaños reconoció que era mejor colaborar entre instituciones, por el bien del país, que seguirse enfrentando. Tanto la Fiscalía como la Presidencia y Aduanas están enfrentados judicialmente por acusaciones de delitos electorales.
Por su parte, el Secretario de la Presidencia, Julio Vega Pasquier, anunció que el Poder Ejecutivo quiere avanzar compromisos de ayuda a varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio Público.
